viernes, 15 de junio de 2018

Lovaina. Beguinaje. S. XIII-XIV primeras feministas


Beguinaje, lugares en Flandes, entre los siglos XIII-XVI, barrios, donde vivían las beguinas, mujeres solteras, sin hombres, similares a conventos pero laicas, con libertad de entradas y salidas temporales. Hoy pertenece a la Universidad de Lovaina.



miércoles, 13 de junio de 2018

El Ayuntamiento transmite sensación de abandono




El buzón de denuncias funciona, escribía yo el 13 de febrero pasado, me equivoqué, bastante. 

Mandé una denuncia a dicho buzón y me respondieron acusando recibo. La denuncia que envié fue ésta.



Denunciaba que había desperfectos en una acera en la puerta de un colegio, visibles desde hacía tres meses, antes de Navidad, fueron rodeados de vallas y en su momento llevaron sacos de tierra y cemento así como losetas frente al desperfecto. Los materiales desaparecieron, el agujero sigue allí.

El asunto a día de hoy 13 de junio, es que han pasado 4 meses desde que escribí sobre el desperfecto en la acera, el cual llevaba otros 3 meses abandonado. 

Vaya, parece que el buzón si funciona recepcionando avisos, lo cual sirve de muy poco porque el mantenimiento está claro que no funciona.

martes, 5 de junio de 2018

Alcorconeros en Flandes

Bruselas

Lovaina

Lovaina

Lovaina

Malinas

Bruselas

Amberes

Gante

Gante

Gante

Rotherdam

Rotherdam

Malinas

sábado, 2 de junio de 2018

lunes, 28 de mayo de 2018

Música en la calle. Brujas




 







Memorias de un viaje alcorconero. Volcados en mi canal de YouTube. Lista: Música en la calle.




miércoles, 23 de mayo de 2018

Cruce muy peligroso



El cruce es bastante propenso a darse golpes y no se entiende bien como está ordenado, por varias razones:

1) Es una avenida principal, desde Móstoles, que la cruza una intersección, que aparentemente debería ser secundaria puesto que cruza la principal, pero en la que tiene preferencia quien cruza, no quien va recto. No se entiende la prioridad de paso a quien cruza y entra por la izquierda a una calle.

2) Para hacerlo mas dificil, hay un semáforo en la avenida principal, que se puede encender a verde y los coches pueden interpretar con  toda lógica que tienen paso libre. Pues no, a pesar de que instintivamente vea usted un semáforo en verde y crea tener a partir de entonces vía libre, debe salir con mucha precaución, a 2 metros está el ceda el paso ante el que habrá que frenar para permitir pasar a quien cruza.

3) Es una entrada a una calle cruzando una via principal, cuando se tiene una rotonda por delante a 100 metros que permitiría entrar a la calle por su mano derecha sin cruzar ninguna vía

sábado, 12 de mayo de 2018

Vaya pájaros los periódicos gratuitos de Alcorcón


Ayer publiqué un post con un título parecido, el contenido era una crítica a la prensa gratuita de Alcorcón y su poca fiabilidad y calidad respecto a las noticias referentes a los pueblos del Sur de Madrid en donde resaltan solamente elementos con interpretaciones favorables o simplemente actúan como amplificador de la voz de su amo, publicando notas de prensa de los ayuntamientos o declaraciones de Alcaldes del PP, sin comentario alguno, sin contrastar, sin un mínimo espíritu crítico que por lo menos amplíe la información y credibilidad de la misma. Vean esta publicación de hoy en El País

Jerez, Parla y Jaén, en una situación financiera"crítica"

EL PAÍS samedi 12 mai 2018 Restez informés en suivant LireLactu sur

''Entre los municipios que tienen con más de 20.000 habitantes, la Airef ha detectado 18 municipios con problemas importantes en cuanto a su sostenibilidad financiera: Alcorcón, Algeciras, Almonte, Aranjuez, Ayamonte, Cuenca, Gandía, Granada, Isla Cristina, Jaén, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, Navalcarnero, Parla, San Andrés del Rabanedo, Sanlúcar de Barrameda, Totana y Valdemoro.''

Citan los elementos críticos definidos por Airef, que son todos o algunos de éstos: 
1- el ratio de deuda sobre ingresos, mayor al 200%
2- tener un remanente negativo de tesorería de forma persistente
3- superar el plazo de 30 días para pagar a proveedores

El tema sobre la prensa gratuita, en esta ocasión, es la insistencia en el tratamiento que dan ellos diferente al de las autoridades fiscales, a la situación económica de ayuntamientos, entre ellos el de nuestro pueblo, Alcorcón, diferencia que vuelve a quedar plasmada en la noticia que leo publicada hoy y lo publicado estos días de atrás por algunos gratuitos. 

Publica Sur Madrid en su periódico del 10 al 23 de mayo de 2018, recién salido, una noticia sobre este asunto, el sesgo de la misma lo indica su titular, tan triunfalista, ''El Ayuntamiento logra rebajar la deuda financiera consolidada por debajo del límite establecido por el Ministerio de Hacienda'', el sentido del artículo, es indicar que el Ayuntamiento está cumpliendo... o que pronto cumplirá... aunque no les queda mas remedio que escribir que el período de pago actualmente se sitúa en 15 días. Muy lejos del criterio de la autoridad fiscal, por tanto bastante contradictorio con el titular.

Tanto trabajo los costaba enlazar la página fundamental por la que comenzó este momento lioso, con el informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos  2018 de las entidades locales, publicado en su día por la AIREF

viernes, 11 de mayo de 2018

Vaya pájaros. La prensa gratuita en Alcorcón
















Llevan meses publicando noticias sobre lo bien que lleva el Ayuntamiento la cuestión económica. Los gratuitos alcorconeros, se entiende que ponen lo que dice el Ayuntamiento, publicitan los éxitos económicos. Lo hacen sin comprobar nada? o los da lo mismo? 

Al mismo tiempo, en estos mismos meses, el Ministerio de Hacienda ha comunicado amenazas de intervención a varios ayuntamientos, entre ellos el de Alcorcón. No se han enterado los gratuitos? No contrastan las noticias? solo hacen campaña electoral por el Sr. alcalde actual? les importas un rábano lo que diga el Ministerio de Hacienda o no les resulta creíble? que miren por donde es del mismo partido que el Sr. Alcalde del Ayuntamiento de Alcorcón.

Vaya pájaros los editores de los gratuitos del sur de Madrid, les va a pasar como con la corrupción pepera madrileña, nunca vieron nada, nunca supieron nada, nunca publican nada. Ellos no sabían nada, que culpa tienen.

Claro, claro, las fotos son mias, of course.

martes, 8 de mayo de 2018

Lo peor es que lo sabían todos



La Ciudad de la Justicia gastó 60 millones de euros en edificar 1.300 metros de túneles que debían unir sus 14 edificios. Lo reveló ayer Miguel Giménez de Córdoba, consejero delegado del complejo entre 2008 y 2010, en la Asamblea. Su afirmación fue confirmada por el portavoz del PP, Antonio Gómez-Angulo. La Comunidad gastó 105 millones en la obra, de la que solo se ha construido un edificio que está sin uso. Ayer confirmó que renuncia al proyecto. 

“Es una galería subterránea amplísima, porque daba acceso a los distintos edificios. Los túneles requieren altura, anchura especial, y ocupan 1.300 metros”, explicó Gómez-Angulo en la comisión de endeudamiento de la Cámara. Mencionó también una “galería paralela de servicios”. Un grupo de parlamentarios, entre los que se encontraba este portavoz del PP, accedió a los túneles el pasado octubre. El corredor tiene distintas ramificaciones que no desembocan en ninguna parte porque no han sido levantados 13 de los 14 edificios proyectados por arquitectos de renombre mundial. Cuentan con conexión de luz y un depósito de agua por el que se pagaron 60.000 euros. “Es un coste equilibrado con lo que allí se hizo”, insistió el político. 

“La ciudad subterránea estaba casi terminada. En los juzgados los detenidos tenían que ir por debajo, y había servicios comunes a los edificios. Son túneles de cinco metros de ancho”, explicó ayer Giménez de Córdoba, ingeniero de formación. Él no encontró “desproporcionado” que se gastasen los 60 millones bajo tierra: “Es perfectamente coherente. Se les va [el presupuesto] cuando no se construye a 1.200 euros por metro cuadrado, sino a 2.000”. Según explicó, en 2006 se pensaba edificar un complejo judicial “austero”, pero en 2008 esa idea cambió tras tasarse muy altas las viejas sedes judiciales que iban a ser vendidas. Quisieron que “Madrid pasase a la posteridad” con arquitectos estrella, a diferencia de Barcelona, que “tiene un campus nuevo funcional, pero que no es la belleza personificada”. 


Miguel Giménez de Córdoba fue el único compareciente que acudió ayer a la comisión de endeudamiento. No lo hicieron su antecesor, Alfredo de Prada, ni el exconsejero de Justicia Francisco Granados, en prisión por el caso Púnica. El primero pretextó un viaje en un correo electrónico en el que subrayó que “hace ocho años que no tiene relación con la Comunidad”. Esta actitud fue calificada como “impresentable” por el PP.A Granados se le envió un escrito a la cárcel, pero declinó ir. 


Giménez de Córdoba, presidente de la empresa pública Tragsa, aseguró que Francisco Granados, entonces consejero de Justicia, le emplazó a iniciar y terminar antes 2011 (año electoral) la construcción de tres edificios. “Me dijo: ‘Si los ciudadanos no la ven, se creen que la ciudad no existe”. El directivo ironizó: “Parece ser que, ahora, allí lo que hay son conejos”. 


El gerente aseguró que, pese al interés de Granados —que le impidió el acceso a su ordenador cuando le despidió—, se negó a vender la sede de los juzgados de plaza de Castilla por 100 millones, cuando se había tasado en 400. Y que, por “presiones”, se vio forzado a construir algún edificio y optó por el instituto de anatomía forense, que costó 20 millones. “Era el más pequeño y funcional”. La mole circular, de 13.937 metros cuadrados, tiene instaladas 127 cámaras de conservación de cadáveres y está lista para convertir sus 37 plazas de garaje en salas de autopsias móviles para caso de catástrofe. El consejero justificó su magnitud recordando el 11-M y los atentados de esta semana en París. 


Los 60 millones sepultados en Valdebebas escandalizaron a la oposición. “Llamar al túnel ciudad subterránea es surrealista, a no ser que hayan recreado una ciudad en la película que estaban rodando”, ironizó Mercedes Gallizo, del PSOE. César Zafra, de Ciudadanos, afirmó: “Algunos túneles están mal tapiados, inacabados. En indemnizaciones se han ido parte de los 60 millones. No en túneles”. Mientras que Eduardo Gutiérrez, de Podemos, se quedó sin saber por qué se eligió Valdebebas, lo que encareció el proyecto 27 millones.

sábado, 5 de mayo de 2018

La Ciudad de la Justicia del PP madrileño




La sociedad pública Campus de la Justicia ha cerrado sus cuentas, en las que se inyectaron 130 millones, con un patrimonio neto de 25 millones

El Gobierno de la ex presidenta Esperanza Aguirre despilfarró 105 millones de euros en la que iba a ser la ciudad judicial más grande del mundo, tal como ella la pregonó en 2007 al poner la primera piedra. Campus de la Justicia, una firma 100% del Gobierno regional y creada para levantar esa megaciudad, fue finiquitada en julio de 2014 sin cumplir ninguno de sus objetivos, tras nueve años de funcionamiento. A su cierre, esta sociedad pública ha dejado un patrimonio neto de 25.082.339 euros, del total de 130 millones que le inyectó la Comunidad de Madrid, según documentación en poder de EL PAÍS.

En Valdebebas estaba previsto aglutinar todos los edificios judiciales de Madrid, dispersos ahora en una veintena de sedes (La Comunidad gasta al año 39,9 millones en alquileres de sedes judiciales). La ciudad también había buscado hueco para cobijar la sede de Audiencia Nacional.

El Gobierno central, dueño de la Audiencia Nacional, aportó al proyecto 10 millones. Se pactaron 13, en pagos fraccionados, pero al Campus se le olvidó pedir uno de ellos de 3,3 millones. Tras el fiasco de la megaciudad, el Gobierno, que quiere recuperar sus 10 millones, ha optado por dejar la Audiencia en el mismo sitio, pero reformándola: le ha costado otros 14 millones (24 en total).

Los 105 millones gastados inútilmente en este faraónico proyecto (la diferencia entre lo salido de las arcas públicas madrileñas y el patrimonio neto actual del Campus) han ido a parar a un saco roto sin fondo ni provecho. Según se desprende de la citada documentación, el dinero se ha gastado en auditorías y más auditorias (70.000 euros); en abogados, en gestorías que cobraban por minuto de trabajo cuando solo quedaban dos trabajadores, a razón de 33 euros la media hora). Y también en resarcir diseños de proyectos arquitectónicos no consumados (por ejemplo, el del británico Norman Foster, al que ha habido que abonar 10.6 millones del total de 13 millones que reclamó por proyectar dos idílicos edificios judiciales de los doce ideados). A Foster se le ha pagado esa cantidad pese a que el Campus no encuentra el contrato que en su día firmó Aguirre con él.

Otros millones se han ido en pagar a constructoras que habían suscrito contratos para (salvo una) acometer obras no realizadas, 27.327.413 euros. En esta cantidad se incluyen, además, 6,4 millones de indemnizaciones a proveedores decretadas por jueces tras pleitos con la Comunidad; otros 11.4 millones por rescisiones anticipadas de contratos; dos por pago de intereses y al menos otros cuatro por lucro cesante. Los únicos pagos, del total de 130 millones en gastos, por obras sí realizadas ascienden a 17.3 millones.

En esta ciudad, Aguirre quería crear 12 edificios con la rúbrica de algunas de las primeras figuras de la arquitectura mundial (además de Foster, también concurrió la iraquí Zaha Hadid, cuyo proyecto también costaba 13 millones, aunque esta solo ha cobrado poco más de 50.000 euros porque no llegó a firmar ningún contrato). Y, además, Aguirre pretendía acabar con la veintena de sedes judiciales dispersas por la capital.

Los 130 millones inyectados al Campus salen de la venta de dos edificios judiciales públicos (por 76 millones), de tres inyecciones de ocho millones cada una aprobada por el Gobierno regional, de otros 20 más pedidos al Ejecutivo central en el marco del dinero que libró el Estado para que los organismos públicos pagasen a sus proveedores. Y, finalmente, otros 10 que aportó el Gobierno central. Los tres años de más gasto en el Campus fueron 2007, 2008 y 2009 (94 millones).

Los 25 millones de patrimonio neto que han quedado del Campus son la suma de los 7,3 de tesorería con que cerró sus cuentas y los 17,5 en que ha sido tasado el único de los 12 edificios judiciales que existen en los casi 400.000 metros cuadrados sobre los que se proyectó esta megaciudad. Todo ello es hoy un secarral enclavado en el paraje de Valdebebas, entre el aeropuerto de Barajas y el recinto ferial del IFEMA de Madrid. De forma ovalada (visto desde arriba parece un donuts), estaba destinado a convertirse en el nuevo Instituto Anatómico Forense de Madrid. En los últimos años ha tenido que ser desconejado varias veces. Y para ponerlo en funcionamiento harían falta como mínimo otros cinco millones de euros. Su costosa maquinaria lleva el frío a las cámaras de los difuntos está próxima a la ruina. Su volumen (14.000 metros cuadrados) triplica con holgura el del actual Anatómico. “Los nichos que tiene, 195, permitirían acoger sin problemas de espacio atentados como el del 11-M: todo un disparate de megalomanía”, ironizan fuentes conocedoras del multimillonario fiasco en que se ha convertido esta fantasmal Ciudad de la Justicia. El Gobierno de Madrid decidió paralizar el proyecto definitivamente a fines de 2008, coincidiendo con la crisis económica. Había sido presupuestada en unos 500 millones y decidió frenarlo todo con el argumento de no malvender los seis edificios judiciales públicos con los que pretendía sufragar la inversión. Los dos que vendió le reportaron 76 millones. Y trasladó los juzgados a otros edificios; ahora pagando un costoso alquiler.

Otro de los muchos gastos inútiles que ha soportado el Campus es el relativo a las nóminas de los empleados. Una veintena. Tras el parón del proyecto, la plantilla se fue reduciendo, pero el Campus siguió pagando nóminas, con los trabajadores casi cruzados de brazos, hasta mediados de 2012.

Al ver el secarral y el deterioro de su único edificio, Ignacio González,vicepresidente y delfín de Aguirre (y en septiembre de 2012 su sucesor), decidió liquidar en julio de 2014 el Campus. Dos años antes, en un intento desesperado por aminorar el dinero perdido, González inició los trámites para hacer en el mismo sitio una Ciudad Judicial, pero mucho menos ambiciosa. La idea, pagar a una empresa cerca de 60 millones anuales durante “30 años” y que la adjudicataria levante varios edificios judiciales, pero sin lujos. La vigilancia del único edificio testigo del secarral de Valdebebas cuesta todos los meses 12.000 euros a los madrileños. El 31 de enero de 2007, durante la colocación de la primera piedra, y delante de la cúpula de la judicatura, Aguirre glosó y se congratuló del "museo judicial arquitectónico" que iba a construir en Madrid, y adelantó: “Y todo ello, además, sin coste alguno para los ciudadanos”.

jueves, 3 de mayo de 2018

Y usted, mientras tanto ¿Qué hacía, qué decía?



El proyecto de informe de la Cámara de Cuentas detalla pérdidas de 80 millones e incrementos salariales para la dirección de hasta el 80%
El proyecto de informe de la Cámara de Cuentas sobre la denominada Ciudad de la Justicia (el fracasado macrocomplejo donde la expresidenta Esperanza Aguirre quería reunir todas las sedes judiciales de Madrid en el barrio de Valdebebas) es demoledor.

Describe un panorama financiero y de personal en completo desorden e irregular. Destaca unas pérdidas superiores a los 80 millones de euros y un plantel laboral lleno de directivos y escaso personal, con una retribución media de 5.000 euros mensuales: había el doble de directivos que de auxiliares administrativos, por ejemplo. Destaca, igualmente, la falta documentación contable y que la hallada carecía de cualquier “criterio de racionalidad económico-organizativo”.

En casi 250 folios, los auditores públicos comienzan destacando que su análisis no es completo por la “ausencia de una buena parte de la documentación justificativa” . No obstante, sí determinan que las cuentas de la Ciudad de la Justicia presentan “un claro desequilibrio” a causa de “un potente ámbito personal directivo y de una infraestructura de personal administrativo sumamente débil”, que se va incrementando conforme la sociedad entra en “declive”. “Este incremento exponencial de cargos directivos supone una vulneración de los principios de economía, eficiencia y eficacia”, dicen.

Y esto se produce porque la sociedad carecía de “protocolos internos de control”, un órgano que lo vigilase y que no controlaba “la mala gestión de los empleados y, en su caso, el eventual incumplimiento de los mandatos legales”.

En concreto, en materia de rendición de cuentas, las de 2005 nunca fueron entregadas, las de los cinco años siguientes se hicieron fuera de plazo y las que comprendían los años 2011 a 2013 no incluían los necesarios informes. Cuando los auditores pidieron los libros mayores de la empresa, la Comunidad les entregó directamente un ordenador sin programas. Los técnicos de la Cámara consiguieron entrar en él y descubrieron que la contabilidad “no se llevó en varios ejercicios de conformidad con los principios generales del Código de Comercio”.

Para financiar el Campus, la Comunidad pretendía vender los edificios judiciales que existen en Madrid por unos 200 millones de euros. Con ese dinero, podría pagar el nuevo complejo. La Cámara destaca que solo vendieron dos y que se obtuvieron 44 millones. “Al final, el coste de las nuevas sedes judiciales rondó los 80 millones, la sociedad quebró y todo se llevó a pérdidas. Solo se finalizó uno de los edificios previstos, el Instituto de Medicina Legal, que nunca fue abierto. Pero no solo eso, las edificaciones nunca levantadas (el nuevo Tribunal Superior y la Audiencia Nacional), “sin una sola piedra colocada, generaron costes de casi 19 millones”.

Las cuentas bancarias tampoco están claras. “No existía ningún tipo de control riguroso sobre los saldos bancarios, sin mayor documentación”. En materia de personal, la Cámara “destaca la falta prácticamente absoluta de documentación”. “No hay constancia de que existiera ningún organigrama” de las funciones y competencias de la plantilla. También es significativa la desproporción existente entre el personal directivo y el resto de personal administrativo y auxiliar”. Y ponen un ejemplo: en 2007 había siete directivos y tres administrativos”. En 2008, el campus (con 11 empleados) contaba con un director de Seguridad y dos subdirectores, que cobraban en conjunto 14.000 euros mensuales.

La nómina media de los empleados era de 5.000 euros al mes en 2009, “lo que dobla a las que existían en el momento en que se inician las actividades de la sociedad”. “Pero hay casos individuales para el personal directivo, con porcentajes entre el 30 y el 80%”.

Los auditores tampoco encontraron la documentación relativa a los despidos de los trabajadores. Pero sí que se abonaron “cantidades superiores a las establecidas en la normativa laboral, hasta 60 y 80 días por año trabajado”. Incluso, hallaron el caso de un trabajador que recibió el doble de la que “firmó como de conformidad”. Y algo sumamente curioso: a un trabajador despedido se le abonó un máster MBA, realizado un año antes, por importe de 37.000 euros.

El campus también patrocinó dos exposiciones “cuyo objetivo parece escaparse a sus fines. Se acordó pagar a cada muestra 200.00 y 250.000 euros respectivamente, pero finalmente se abonó 383.000 y 400.000 euros. En el primer caso, “sin soporte documental alguno”.

Los auditores también relatan el caso de un fotógrafo que cobraba 3.500 euros mensuales sin que “existiera ningún tipo de justificación” y, además, no se encontró el contrato. En 2011, se abonó a una empresa de consultoría 60.000 euros para realizar el “análisis de distintos modelos de funcionamiento de una muestra representativa de juzgados para identificar las mejores prácticas y emitir recomendaciones para la mejora del modelo”. La Cámara se pregunta para qué se encargó este estudio si la sociedad “estaba en fase liquidadora”.

miércoles, 25 de abril de 2018

Dónde estaba usted cuando ocurrían estas cosas?


''Aguirre ideó el campo de golf tras verlo en películas. Esther Sánchez. 24-03-2018

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha sido contundente: "La idea fue mía", ha señalado en la comisión de la corrupción de la Asamblea de Madrid, en referencia a la construcción del campo de golf en las instalaciones del Canal de Isabel II. Pero hasta ahí llega su responsabilidad, porque, ha añadido, no tuvo nada que ver en los trabajos de construcción posteriores. "No sé si sabe lo que hace un presidente de la Comunidad de Madrid, pero la ejecución no la lleva", ha respondido a los diputados. Después de decidir que se podía acometer la obra, "lo siguiente que supe es que el Ayuntamiento no concedía la licencia". El proyecto era una vieja aspiración suya después de conocer una instalación semejante en "Tokio y en algunas películas".

Esperanza Aguirre no ha perdido ni un ápice de su empuje en el tiempo transcurrido desde su dimisión en abril de 2017. Ha dominado su comparecencia ante la comisión de la corrupción de la Asamblea de Madrid, donde se ha tratado la polémica construcción y gestión del campo de golf, que se investiga en la Operación Lezo. La había precedido el que fue su hombre de confianza, Ignacio González, imputado en esa causa por sospechas de enriquecimiento ilícito.

Aguirre ha admitido su responsabilidad por haber nombrado a González, pero considera que la ha asumido "dimitiendo de todos mis cargos". "Esto no quiere decir que yo le quite la presunción de inocencia ni que haya cometido ningún ilícito", ha añadido. No ha escondido tampoco lo defraudada que se sintió al conocer que el hermano de González reconoció ante los tribunales que había recibido "no se cuánto dinero, eso para mí fue el determinante". Hasta ese momento había considerado al expresidente como "un funcionario ejemplar y tenía toda mi confianza".

Pero estaba equivocada, porque "la confianza está bien, pero el control está mejor", ha dicho utilizando una cita de Lenin para contestar a la diputada de Podemos María Espinosa. Cifuentes en cambio no la ha decepcionado: "¿Por qué? No", ha respondido.

Ha defendido en todo momento el proyecto de "cancha de prácticas, no de campo de golf, para el que se necesitan unas 60 hectáreas".  "Un deporte que a ustedes les parece deleznable, pero que para millones de personas en el mundo es muy positivo", ha recalcado.

La idea se le ocurrió cuando era presidente de la Comunidad de Madrid el socialista Joaquín Leguina. La propuso entonces al presidente del Canal de Isabel II, pero le respondieron que era muy costoso reforzar el forjado. Cuando llegó a la presidencia de la Comunidad de Madrid, insistió y lo logró. "¿Si fue el señor González? Es posible, pero no lo recuerdo", ha contestado."A mí no me gustaba el helipuerto que había", ha añadido.
La diputada socialista Encarnación Moya ha recordado a Aguirre que en el año 2008 reconoció que había visto dosieres relacionados con el señor Granados y González. "¿Usted no hacia nada?", ha preguntado. Aguirre ha puesto como ejemplo de que sí le preocupaban las acusaciones una conversación que mantuvo con Francisco Granados, cuando se hablaba de que se iba a comprar una casa "enorme" que visitaba su mujer en Valdemoro. "Le pregunté cómo se podía comprar algo así y me contestó que su mujer estaba empeñada y que iba todas las semanas a verla pero me aseguró que no la iba a adquirir", ha relatado. Ha reprochado a la diputada socialista que su grupo no le preguntara entonces nada sobre estos casos de corrupción.

Finalmente, ha rechazado que consintiera el enriquecimiento ilícito de las personas de su confianza para que lograran financiación ilegal para el partido popular. "Le puedo asegurar que en absoluto, para nada, primero porque el PP tenía financiación suficientísima y segundo porque jamás he consentido ni esto a nadie y he cesado a los responsables al día siguiente", ha contestado a la diputada socialista.''

Tomado de El País.

martes, 17 de abril de 2018

Hacienda da ultimátum a Ayuntamientos más morosos. Alcorcón...




Les exige un plan de ajuste antes del 20 de abril o activará el procedimiento para retener sus ingresos y pagar directamente a los proveedores

El Ministerio de Hacienda ha enviado cartas a 14 entidades locales advirtiéndoles de que, o corrigen el elevado nivel de morosidad en que incurrieron en 2017, o intervendrá sus ingresos para pagar directamente a los proveedores. Son 13 Ayuntamientos y a la Diputación de Cádiz que arrastran un largo historial de incumplimientos por su delicada situación financiera. Están altamente endeudados y durante todo el año pasado han tardado en pagar a sus proveedores más de 60 días —30 días que empiezan a contar al mes de recibir la factura—. Hacienda les exige antes del 20 de abril un nuevo plan de ajuste.

Se trata de nueve entidades locales andaluzas: Jaén, Jerez, Granada, Huelva, Puerto de Santa María, Chiclana de la Frontera, Algeciras, Vélez-Málaga y la Diputación de Cádiz. Y otros tres Ayuntamientos madrileños: Alcorcón, Leganés y Parla. También han recibido el ultimátum Gandía y Telde (Las Palmas).

Son Ayuntamientos con una población conjunta de 1,75 millones de habitantes y una deuda acumulada de casi 3.000 millones de euros.

Jerez, Jaén y Parla son el paradigma de la mala gestión. Sus alcaldes se embarcaron en proyectos megalómanos durante los años previos a la crisis y no lograron sortearla cuando todo se vino abajo en 2008. Los gobernantes dejaron unas ciudades endeudadas y tardaron varios años en acometer los ajustes necesarios. Una década después se les siguen atragantando sus finanzas. La mayoría de los actuales alcaldes no tienen nada que ver con el origen del problema, pero siguen incumpliendo los límites de deuda y morosidad.

Jaén es víctima de un tranvía que nunca llegó a circular por las calles de la ciudad. El tranvía de Parla sí funciona pero su construcción dejó seca las arcas municipales. Los problemas de Jerez vienen de lejos. Estas tres ciudades arrastraban plantillas sobredimensionadas, crearon empresas públicas para ofrecer servicios que se escapaban de sus competencias y proyectos disparatados. Tras años de severa dieta y duros ajustes han mejorado algo su situación pero las heridas siguen sin cicatrizar.

Por eso, Hacienda ha enviado cartas esta semana a 14 entidades locales que incumplieron durante todo el año pasado el plazo legal de pago. Tanto la Ley de Estabilidad —una norma creada en 2012 para consagrar la austeridad en las cuentas públicas— como la Ley contra la morosidad establecen que las administraciones públicas deben pagar en un plazo inferior a 30 días, que empieza a contar al mes de recibir las facturas. Si incumplen ese plazo legal durante más de dos meses, las administraciones infractoras tienen que elaborar un plan de tesorería con ajustes para enderezar la situación.

Hacienda recuerda en la misiva, enviada a los alcaldes e interventores, como estos Ayuntamientos ya tuvieron que presentar un plan de ajuste en el tercer trimestre del año pasado. Y aún así no han enmendado su situación. Jerez, Gandía, Parla, Algeciras, Telde o Jaén tardan más de nueve meses en pagar a sus proveedores. El periodo medio de pago de Jaén asciende, incluso, a 540 días: más de un año y medio, según los datos de Hacienda.

"A pesar de la actualización de su plan de tesorería y de su aplicación durante noviembre y diciembre de 2017 (publicado en marzo) el periodo medio de pago siguió incurso en el supuesto de morosidad de la Ley de Estabilidad al ser superior en más de 30 días", explica Belén Navarro la secretaria general de financiación autonómica y local en la carta remitida por Hacienda.

El ministerio obliga al interventor a que en el plazo de 15 días envíe una alerta al órgano de tutela competente —la Junta de Andalucía para los Ayuntamientos andaluces y Hacienda para los Consistorios madrileños y canarios—. Se trata de un paso imprescindible para obligar a estos municipios que presenten otro plan de ajuste para corregir su morosidad. Los alcaldes tendrán de plazo hasta el próximo 20 de abril. En caso de que no lo hagan, advierte el ministerio, se procederá a la intervención de sus recursos para que Hacienda pague directamente a los proveedores a cuenta de los fondos que les correspondan a esas ciudades por la financiación local. Además, se les obligará a adherirse al fondo de ordenación, unas líneas de crédito del Gobierno que exigen unos requisitos de información y ajustes adicionales.

sábado, 14 de abril de 2018

Y vuelta con árboles cortados


Aquí uno cortado y a pocos metros, otro menos. Y unos metros mas allá otro.
Les juro que no los busco, casualmente son árboles cortados por mis lugares de paso.
Y como siempre les digo, el problema mayor no es cortarlos, sino el no reponer, 3 x 1.