Sin acritud. Pero, al Cesar lo q es del Cesar

 Contraponer un enlace sobre el vicepresidente Iglesias a la información anterior sobre declaración de Lidia sobre muertes en Residencias en la Comisión del Congreso, me parece, como poco, improcedente, porque:

1.    El enlace sobre el vicepresidente Iglesias, recoge noticia de fecha de 10 de marzo, sobre distribución tareas dentro del gobierno de la nación, aunque su torticera utilización parecería tener la intención de responsabilizarle de la tragedia de las Residencias, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid.

2.    No deben olvidar que España es un estado federal, un estado compuesto, con amplias atribuciones en sus territorios, las llamadas CCAA, incluidas las de sanidad y asuntos sociales, que organizaron y dirigieron durante la pandemia.

3.    3692. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Artículo 6. Gestión ordinaria de los servicios.

Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5.

 

4.    El gobierno de la nación no tiene, ni asumió atribuciones sobre las residencias de mayores, que estuvieron y están en manos de las CCAA.

5.    Son los gobiernos autonómicos, los gobiernos territoriales, quienes tuvieron y tienen responsabilidad en la contratación, despido y organización del alto personal responsable en cada territorio. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, ejerció su responsabilidad, despidió o empujó a dimitir, a cerca de una decena de muy altos cargos vinculados con la crisis covid 19, siendo cubiertos los nombramientos por el Gobierno de la Sra. Ayuso, lo cual es una muestra de sus atribuciones de responsabilidad y poder.

6.    El 12 de marzo el gobierno Ayuso, presidenta y consejero Ruiz Escudero, afirman públicamente que las residencias se van a medicalizar. El 17 de marzo Ayuso en entrevista Telecinco afirman que las residencias están medicalizadas. Mentira. Como sentenciará el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y mostró la realidad de las más de 700 residencias de la región.

7.    El 19 de marzo el Consejero de Políticas Sociales, pide ayuda al gobierno de la nación para que envíe la UME. La presidenta niega horas después que necesite tal ayuda. Hasta ahora son pruebas de quien tiene las competencias, y al menos un alto porcentaje de responsabilidades.

8.    Las órdenes que recibieron los hospitales de la Comunidad de Madrid para no aceptar derivaciones de las residencias de mayores, fueron impartidas por el gobierno de la Comunidad de Madrid, que era quien podía transmitirlas. El 20 de marzo enviaron un protocolo para evitar que los ancianos fueran trasladados a hospitales, inicialmente firmado por Carlos Mur, director de coordinación sociosanitaria de la Comunidad. Existió otro protocolo posterior en el mismo sentido para evitar derivaciones de ancianos desde sus domicilios.

9.    Salvo ancianos con pólizas de seguros privados.

10.  El 22 marzo, el consejero Reyero envía dos correos al Consejero Sanidad Ruiz Escudero cuestionando la legalidad del protocolo. Otra prueba más de quien tenía y asumía la responsabilidad y atribuciones.

11.  Meses después, el 4 de junio en la Asamblea de Madrid, el Consejero Ruiz Escudero, reconocerá que los protocolos de exclusión de residentes fueron enviados a los hospitales, aunque dice que ‘fue por error’. Fueron publicados los correos de Reyero a Ruiz, en los que se prueba las órdenes de exclusión.

12.  El 25 de marzo la Consejería de Políticas Sociales del gobierno regional anuncia que intervendrá las residencias. Al día siguiente la presidenta Ayuso quita las competencias de residencias a Políticas Sociales, en poder de Ciudadanos y las transfiere a Sanidad en manos del PP, ambas dentro del gobierno regional. Quien podía hacerlo lo realiza y no era ningún vicepresidente del gobierno de la nación.

13.  El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, meses después de decretado el estado de alarma, dictó seis sentencias, al menos, -yo conozco las de Alcorcón, Leganés y Móstoles-, instando al gobierno de la Comunidad de Madrid a medicalizar las residencias. Es el Tribunal Superior de Justicia quien insta mediante sentencias al gobierno de la Sra. Ayuso, porque estima que tienen la responsabilidad. No se dirige a otro gobierno ni al vicepresidente Iglesias.

14.  Las residencias de mayores, son en gran parte propiedad de empresas privadas, grandes grupos empresariales y fondos de inversión controlan gran número de ellas. Por tanto, su objetivo como negocio, es la alta rentabilidad, los altos beneficios, para lo cual, la reducción de costes es esencial. Ello contribuyó en gran medida al desastre, sin medios, sin personal, sin espacios… Las otras residencias públicas, son controladas por los gobiernos territoriales.

15.  Conozco en primera persona la entrada de un grupo inversor en la residencia donde estaba mi madre, durante sus últimos meses. Las primeras acciones, años antes de la pandemia, fueron reducir personal y gasto alimentario. El personal es esencial en los cuidados de mayores.

16.  Durante la primera ola de la pandemia murieron mas de 7.700 ancianos en las residencias de mayores madrileñas. Aquellos que durante meses llamaban asesinos al gobierno de la nación, imputándole directamente su responsabilidad en las muertes, callaron posteriormente cuando fueron descubriendo que las atribuciones fueron/son principalmente de los gobiernos autonómicos, en este caso de Madrid dirigido por el PP. Lo cual no exime de responsabilidad compartida a toda institución española, incluido el gobierno de la nación. Pero a estas alturas de la película, volver a insinuar responsabilidad criminal en el vice Iglesias con un enlace de Antena 3 del 10 de marzo es asquerosamente indigno.