Revista de prensa:
03/05/2016 -
20:45h
Una
normativa aprobada con los únicos votos del PP exige que los ediles pidan
permiso para mandar correos electrónicos a promotores inmobiliarios
En las
reuniones autorizadas un funcionario municipal deberá levantar acta de los
asuntos tratados y enviarla a la secretaría de la Junta de Gobierno
La ordenanza
causa indignación en Ciudadanos, que considera que la prohibición señala injustamente a
su partido
El
Ayuntamiento de Alcorcón –donde gobierna el PP con 10 de los 27 concejales y el
apoyo puntual de otros cuatro de Ciudadanos– prevé prohibir a los ediles de la
corporación municipal y a los funcionarios reunirse con empresarios, mantener
conversaciones con ellos e incluso enviarles correos electrónicos, sin que esté
presente un trabajador público y sin que se le comunique a la Secretaría del
Pleno de este municipio de 170.000 habitantes situado al sur de Madrid.
Para que un
representante público de Alcorcón pueda siquiera acercarse a un empresario
deberá obtener la autorización del Gobierno municipal y un funcionario
levantará acta en 24 horas sobre el contenido de la conversación. Así lo
planteó el alcalde, David Pérez, en un documento que se aprobó el pasado marzo
con los únicos votos de su partido en la Junta de Gobierno Local. La decisión
aquel día fue la de iniciar el procedimiento para convertirlo en ordenanza. El
proyecto sigue adelante, según el propio Pérez aseguró este martes a
eldiario.es
Fuentes
municipales apuntan que todo forma parte de una guerra por intereses
inmobiliarios, donde el PP y Ciudadanos mantienen posiciones enfrentadas.
Las
polémicas urbanísticas en este municipio al sur de Madrid vienen de lejos. El
Tribunal Supremo ya anuló en noviembre de 2014 el cambio de uso de esas
gigantescas parcelas –que ocupan el 40% de la superficie en Alcorcón– a suelo
urbanizable, planteado en 2008 por el anterior Gobierno socialista y que contó
con el respaldo de la Comunidad de Madrid, entonces en poder de Esperanza
Aguirre. La sentencia del Supremo dio la razón a Ecologistas en Acción, que
impugnó el plan entonces y ahora denuncia una nueva "operación
especulativa".
Los primeros
trámites para modificar el Plan General –cuyos últimos cambios datan de 1991–
llegaron el pasado octubre de la mano de Ciudadanos que propuso iniciar la
revisión del planeamiento. Su moción se aprobó en el Pleno con el respaldo de
sus cuatro ediles y la abstención del resto de partidos (PP, PSOE, Ganar
Alcorcón e Izquierda Unida, 23 concejales en total).
La normativa
impulsada ahora por el PP en la Junta de Gobierno Local, que algunos ediles califican
en privado como "ley nazi", establece en su primer punto: "Queda
prohibido mantener reuniones o contactos con cualquier tipo de empresas a todos
aquellos que las representen sin que se comunique previamente a la Secretaría
del Pleno y sin la presencia de un funcionario. El funcionario presente en la
reunión autorizada elevará informe antes de 24 horas al secretario general del
Pleno sobre el mencionado contacto, quien custodiará dicha información y dará
cuenta de las mismas al titular de la Oficina de Apoyo a la Junta de Gobierno
Local".
El segundo
mandamiento de la orden municipal evidencia que detrás de la ordenanza está el
urbanismo: "Esta prohibición se extiende a cualquier contacto,
correo, conversación o reunión con propietarios de suelo, promotores
inmobiliarios, constructores u otro tipo de empresario con interés en la
actividad municipal. De igual manera, se extiende a los despachos, estudios o
gestorías profesionales y mediadores de todo tipo que de una manera u otra les
representen, y que afecte a decisiones urbanísticas, expropiaciones,
calificaciones, licencias […]".
Y en el
tercer punto el Ayuntamiento de Alcorcón prohíbe algo que ya castiga el Código
Penal: "Que cualquier responsable municipal, sea político o funcionario,
mediar ante otros funcionarios o políticos a favor de intereses privados de
todo tipo, incluyendo la concesión de licencias, la presentación de productos o
servicios".
La lista
sigue y obliga a los funcionarios a establecer un control de cada fotocopia que
se hace sobre la documentación municipal. En el punto ocho la orden amenaza con
"expedientes disciplinarios" a los funcionarios que contravengan las
normas o con "exigencia de responsabilidades" si son concejales.
"Apuesta por la transparencia"
El alcalde,
David Pérez, sostiene que su plan es un paso más en la
"transparencia" de la institución y alude a "reuniones impropias
que algún partido de la oposición estaba manteniendo con constructores y
terratenientes". "Para quien primero rige es para mí y para mis
concejales. El otro día nos reunimos con una empresa que venía a instalarse
aquí y le pedimos que los contratos se hiciesen a gente de Alcorcón. De todo
eso se ha levantado acta. No voy a referirme a ningún partido pero no entiendo
que esta medida de transparencia se tome como una forma de control a la
oposición. Qué hace la oposición reuniéndose con constructores y
promotores", defiende el regidor en conversación telefónica.
La ordenanza
ha causado perplejidad e indignación sobre todo en Ciudadanos, que hasta ahora
ha prestado apoyos puntuales al Gobierno del PP y ha abierto una brecha entre
estos dos partidos. Su portavoz, Alfonso Reina, considera que la prohibición
señala directamente a su partido. "Va contra el derecho de reunión, es
casi inconstitucional. Y me recuerda a esa época en la que yo no había nacido
hace cuarenta años. Hay un montón de empresarios con problemas, Alcorcón se
está desindustrializando y nosotros vamos a hablar con ellos. La normativa es
desconfianza en parte de los propios del PP y total en el resto. Yo no voy a
pedir el epígrafe del impuesto de actividades económicas a un ciudadano para
hablar con él".
A quienes
alertan de que hay una disputa entre Ciudadanos y el PP por los intereses de
distintos grupos inmobiliarios, Reina advierte: "Ciudadanos no tiene
intereses inmobiliarios. Queremos que Alcorcón tenga empresas y genere empleo.
Hay que revitalizarlo y tener empresas del siglo XXI. La gente solo piensa en
el distrito norte. Lo importante son los polígonos y el uso del suelo
empresarial".
El PSOE en
Alcorcón sostiene que "se ha confundido la transparencia con el control de
la oposición". Su portavoz, Natalia de Andrés, defiende que "a día de
hoy se trata de un código que está planteando para publicitarlo y que ni
siquiera se ha explicado cómo se va a gestionar. Entiendo que se están buscando
titulares". "Si me reúno con los comerciantes cuando cierran las
tiendas para hablar de sus problemas, ¿qué funcionario va a venir? ¿Vamos a
pagar horas extras? Hemos solicitado las actas de las reuniones del alcalde con
el Atlético de Madrid y nos las niegan. Quien debe ser transparente es quién
está gobernando".
El portavoz
de Ganar Alcorcón, Jesús Santos, tacha "de desfachatez que un partido
investigado por recibir sobres y sobornos ahora se dedique a prohibir reuniones
a la oposición y a hacer oposición a la oposición". "En Ganar
Alcorcón ya tenemos un código ético muy estricto en nuestras relaciones con los
poderes económicos, pero esto es otra cosa", se queja su portavoz.