7.291 muertes hubo en marzo y abril 2020

 El PP bloquea en dos meses cuatro iniciativas relacionadas con el movimiento 7.291. FERNANDO PEINADO - 23 may 2024 –

El partido conservador paraliza con una denuncia a la Junta Electoral un acto en Alcorcón de la comisión por la verdad en las residencias, el último ejemplo de una guerra contra los defensores de esta causa

El PP no quiere que se hable de la tragedia de hace cuatro años en las residencias madrileñas. Este asunto incómodo para la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, iba a ser tratado este miércoles a las 19.00 en un acto de dos organizaciones de familiares de víctimas en un centro cívico del Ayuntamiento de Alcorcón, regido por la socialista Candelaria Testa, pero la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Madrid lo vetó tras recibir horas antes una denuncia del PP contra la alcaldesa. El escrito del partido conservador alega que este acto vulnera las prohibiciones previas a los comicios europeos del 9 de junio al tener un contenido de campaña. Sin embargo, el cartel no tiene símbolo de ningún partido político y los cuatro participantes anunciados son un jurista, una epidemióloga y dos miembros de asociaciones de familiares. El PSOE de Alcorcón había publicado el lunes un tuit en el que anunciaba el evento, una promoción que el PP ha destacado en su denuncia.

Se trata del cuarto bloqueo del PP en poco más de dos meses a iniciativas en Madrid relacionadas con la gestión del Gobierno de Ayuso durante marzo y abril de 2020, cuando murieron 7.291 mayores en las residencias. El primer ejemplo es del 16 de marzo de este año, cuando el Ayuntamiento de la capital retiró un permiso que había concedido para celebrar una charla llamada Residencias, así se dejó morir a nuestros mayores en la que iban a participar el periodista Manuel Rico y dos representantes de asociaciones de familias.

El segundo caso ocurrió el viernes 10 de mayo, cuando Más Madrid tuvo que retirar dos lonas con la cifra 7.291 tras un recurso del PP a la JEZ de Madrid que confirmó la Junta Electoral Provincial. Este lunes, se dio un nuevo bloqueo cuando la comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid, controlada por el PP, vetó a la científica María Victoria Zunzunegui, que había sido invitada por Más Madrid a hablar de residencias, por entender que esta experta en epidemiología también iba a hablar sobre los sucesos de hace cuatro años. Y el cuarto acto paralizado ha sido el de Alcorcón de este miércoles.

A pesar de la cancelación, unas 40 personas permanecían en el exterior del centro cívico este miércoles a la hora del evento. Los asistentes improvisaron una protesta que lideró José Ángel Chamorro, secretario de atención a la Dependencia del PSOE de Madrid y vecino de Alcorcón. Chamorro tomó la palabra para denunciar la “censura” del Gobierno de Ayuso. “Es muy grave lo que está pasando en esta Comunidad con la libertad de expresión”, les dijo. “Algo tienen que ocultar”.

Chamorro dio paso a las dos ponentes de las asociaciones de familias, que intervinieron durante unos 10 minutos ante unos asistentes que las escucharon de pie. “Este Gobierno que tenemos no hizo nada teniendo medios a su alcance”, dijo Carmen Martín, miembro de Verdad y Justicia. “Podían haber medicalizado las residencias, podían haberlos llevado al hospital milagro, a los hoteles medicalizados, a hospitales privados, pero nada de esto se utilizó. Simplemente, se los dejó morir”.

Carmen Martín, miembro de la asociación Verdad y Justicia, habla en el exterior del centro cívico Los Pinos de Alcorcón, este miércoles por la tarde.

Martín explicó a este periódico que el evento de Alcorcón era parte de una gira que iniciaron el 15 de marzo para promover el informe de la comisión ciudadana por la verdad en las residencias, formada por un grupo de siete reconocidos expertos que, a petición de las asociaciones, indagaron lo sucedido durante casi un año. Esa promoción comenzó con un acto en el Ateneo de Madrid y fue seguida por el evento cancelado de Villaverde y otros en Getafe y Parla. Tienen programadas nuevas citas en Torrelodones el 1 de junio, Ciempozuelos el 13 de junio y Colmenar Viejo el 26 de junio. “Nos están censurando todo, pero vamos a ir a todos los municipios que nos lo permitan”, decía la miembro de esa plataforma.

El cartel del evento de Alcorcón se titula Presentación del informe de la comisión por la verdad en las residencias de Madrid y lleva los logotipos del Ayuntamiento de Alcorcón y de las asociaciones Marea de Residencias y Verdad y Justicia. Incluye una foto de una pareja de personas mayores en actitud cariñosa, la hora y lugar ―19.00 en el Centro Cívico Los Pinos― y los nombres de los cuatro intervinientes: dos son miembros de ese órgano ciudadano ―la epidemióloga Zunzunegui y el abogado Fernando Ranz― y dos son portavoces de dos asociaciones de familias ―Carmen López, de Marea de Residencias, y Carmen Martín, de Verdad y Justicia―.

El PP presentó su denuncia este miércoles a las 8.30 firmada por Jerónimo Escalera, gerente de la Empresa Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid. El escrito cita el artículo 50.2 de la ley de Régimen Electoral (Loreg), que prohíbe desde la convocatoria de elecciones, que se produjo el 16 de abril, “cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos, que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utiliza imágenes coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por algunas de las entidades públicas concurrentes a las elecciones”.

La denuncia menciona que el acto usa instalaciones públicas para “menoscabar la imagen de un adversario político” y añade que se ha publicitado desde la cuenta en la red X (antes Twitter) del PSOE de Alcorcón. Ese tuit dice: “¿Qué ocurrió en las residencias de mayores durante la pandemia? No olvidaremos a los 7.291 fallecidos, por el protocolo de la vergüenza”.

El escrito asegura que esa publicación busca “dar publicidad al partido que representa y los partidos con los que gobierna (PSOE Alcorcón, Más Madrid Alcorcón y Sumar) en un momento en el que cualquier campaña, acto o manifestación contra la Comunidad de Madrid y más concretamente contra su presidenta Doña Isabel Díaz Ayuso, entra de lleno en las prohibiciones establecidas a las Administraciones públicas en campaña electoral”. Por estos hechos, el PP pide una sanción para la alcaldesa Testa por ilícito electoral.

Una portavoz de la alcaldesa explicó a EL PAÍS que han decidido no recurrir y aplazar el evento para no tener a los participantes a la espera de confirmación. Sin embargo, sí han presentado a la JZE unas alegaciones en las que resaltan que ni el Ayuntamiento ni ningún partido forman parte de la comisión ciudadana por la verdad.

“El Partido Popular ha efectuado una interpretación del acto de presentación ignorando su verdadero fin, pervirtiéndolo al entender que se corresponde con una vulneración de las normas de la Loreg”, dice su escrito de alegaciones, “el Gobierno municipal va a proceder con carácter inmediato a la suspensión del mismo por considerar que esta actitud acosadora del Partido Popular, que busca ocultar responsabilidades sobre sucesos que causaron gran dolor en la ciudad, va a provocar tensiones innecesarias en las familias afectadas, trasladándose el acto a fecha posterior garantizando así la seguridad jurídica de la actividad municipal”.

Podcast sobre el abandono en las residencias de Madrid

Cuatro años después, los eventos de 2020 siguen ocupando un lugar preferente en la tensa batalla política madrileña. En los tribunales, las familias no han logrado éxitos, pero esperan tener más suerte con decenas de recursos de amparo presentados al Tribunal Constitucional. En la calle, el movimiento ha logrado más visibilidad, gracias a convertir el número 7.291 en un símbolo. Esa cifra proviene de datos oficiales que publicó el diario digital InfoLibre. Se refiere a las personas mayores que murieron dentro de una residencia en marzo y abril de 2020 por cualquier causa.

Ayuso, que nunca se ha reunido con las asociaciones de familias, tuvo que aceptar la creación en julio de 2020 de una comisión de investigación en la Asamblea sobre los sucesos. Entonces gobernaba con la necesidad del apoyo de Ciudadanos y Vox pero, tras salir reforzada en las elecciones de 2021, impidió que ese grupo reanudara su trabajo. Desde junio de ese año, el PP de Ayuso se ha opuesto en ocho ocasiones a que se investigue en la Asamblea el drama de las residencias durante la pandemia o a que se debata sobre cómo mejorar el funcionamiento de estos hogares colectivos.

https://elpais.com/espana/madrid/2024-05-23/el-pp-bloquea-en-dos-meses-cuatro-iniciativas-relacionadas-con-el-movimiento-7291.html

7.291 muertos en las residencias de Madrid

El PP de Ayuso veta a expertos que defienden que 4.000 ancianos pudieron haberse salvado en la crisis de las residencias

Los conservadores rechazan que acudan a la Asamblea miembros de la comisión de la verdad que no están convocados por ese motivo

JUAN JOSÉ MATEO. 20-05-2024

El PP de Isabel Díaz Ayuso avanza que hará valer su mayoría absoluta para impedir que en la Asamblea se escuche a los integrantes de la comisión ciudadana que concluyó en marzo que se podrían haber evitado hasta 4.000 muertes de ancianos en las residencias durante lo peor de la pandemia. Incluso cuando no estén convocados por ese motivo. Este lunes se ha producido un ejemplo, cuando la Mesa de la comisión de Familia y Asuntos Sociales, dominada por los conservadores, ha rechazado que intervenga en el Parlamento María Victoria Zunzunegui, convocada por Más Madrid como experta en epidemiología y geriatría. Para Emilia Sánchez, diputada del partido que lidera la oposición, se trata de un caso inédito de “censura preventiva”, ya que “se la veta por si acaso” habla del informe sobre las residencias. El PSOE teme que se esté usando “un sesgo ideológico” de manera “adivinatoria”. Y el PP, por su parte, simplemente da por hecho que se hablaría del informe de la comisión de la verdad, y contrapone que aplica el reglamento frente a un organismo no reconocido que fiscaliza a un gobierno que, a su juicio, ya no existe, pues es de una legislatura anterior.

La Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, conformada por familiares, juristas y expertos sanitarios, hizo público en marzo un informe sobre la muerte de 7.291 mayores en las residencias durante la pandemia. Las conclusiones más relevantes del documento, basado en cientos de testimonios de afectados, familiares, y peritos, apuntaron a una actuación “inadecuada” del Gobierno regional por restringir el número de derivaciones a hospitales durante lo peor de la pandemia. Durante la crisis sanitaria, la Comunidad argumentó que se habían medicalizado las residencias para garantizar el tratamiento de los ancianos sin necesidad de traslado, pero el informe sostiene que los centros no estaban preparados para esa tarea, ni en material ni en personal. Y deja esta conclusión: “Más de 4.000 personas pudieron haber salvado su vida”.

Aunque el Ejecutivo regional nunca ha reconocido a este organismo, formado por iniciativa popular y sin respaldo institucional, Más Madrid sí ha estado en contacto con sus expertos. Y por eso quiere convocar a algunos, como Zunzunegui, aunque el objeto de sus convocatorias no mencione específicamente a la comisión de la verdad en las residencias. Una omisión que el PP entiende como un subterfugio, ya que da por hecho que intervenciones como esta acabarían por mencionar el informe.

“¡Atención, censura!”, ha denunciado este lunes en sus redes sociales la diputada Sánchez, que luego ha detallado todo lo ocurrido a este diario en conversación telefónica. “El Presidente de la comisión de políticas sociales [del PP] pretende vetar a una experta por si habla de otros temas que no le gustan”, ha seguido sobre un órgano que vive de polémica en polémica, pues los conservadores ya intentaron acallar una referencia de una compareciente a los 7.291 fallecidos (”si no puedo hablar, me voy”, dijo) o afearon a una representante de Amnistía Internacional que denunciara que había habido “violaciones de derechos humanos” en las residencias. Y ha recriminado: “Esto lo hace preventivamente. Más Madrid ni siquiera había solicitado aún la activación de esa comparecencia para la próxima comisión”.

La indignación de Más Madrid es compartida por el PSOE. “Esto es alucinante”, ha lamentado un diputado con muchos trienios a sus espaldas. “El presidente [de la comisión] de manera preventiva y adivinatoria anuncia que aunque la Mesa de la Asamblea autorice las comparecencias, ellos las rechazarán por entender que la intención [de las intervenciones] es distinta del objeto de la convocatoria”, ha abundado en referencia a que la Mesa del Parlamento dio el visto bueno a la misma comparecencia que ahora rechaza la comisión. “¡Juzgan intenciones!”, ha exclamado. Y ha ironizado: “¡Ni Aramis Fuster!”

Esto es lo que tiene que decir el grupo parlamentario popular, que dirige el portavoz Carlos Díaz-Pache, al respecto.

“La Mesa de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales ha señalado este lunes, de acuerdo a sus competencias, que evitará el fraude en las comparecencias que pretende la izquierda, que solicita citar a miembros de la mal llamada Comisión de la verdad de las residencias para hablar de su informe, cuando es una entidad no reconocida y un informe que intenta fiscalizar la acción de una legislatura anterior”, han argumentado en el PP. “El reglamento de la Asamblea es claro”, han sostenido. “Las comparecencias se sustancian si hay acuerdo de la comisión, y no es el caso, y las entidades externas comparecen a efectos exclusivos de informe y asesoramiento (artículo 211)”.

Son argumentos que no sorprenden en la izquierda. Para llegar a este punto, la oposición de la Asamblea ya tuvo que sortear la oposición del PP en la Mesa de la Cámara, donde el presidente del Parlamento, Enrique Ossorio, se mostró taxativo.

“El Excmo. Sr. Presidente considera que, atendiendo a los antecedentes sobre solicitud de comparecencia de esta persona, no se debe admitir esta iniciativa porque es la tercera vez que se plantea esta citación”, se lee en el acta de la reunión del 12 de abril. “En esas solicitudes se ha ido cambiando la justificación de la naturaleza de experta de la persona que se desea que comparezca”, se argumenta. “Parece una especie de fraude porque lo que se busca desde el inicio es lo mismo: que comparezca para hablar sobre un informe en el que se ha significado notablemente, pero que no acredita que el mismo confiera el carácter de experto que debe concurrir en quien comparecen la Asamblea de Madrid en ese concepto”.

Esa argumentación provoca un escándalo inmediato. Diego Cruz, del PSOE, protesta en su calidad de vicepresidente tercero: “No se puede admitir que se introduzca a partir de ahora el sesgo ideológico del compareciente para calificar estas iniciativas”.

De aplicarse siempre el criterio expuesto por Ossorio, expone el representante del Vox en el órgano, José Ignacio Arias, “impediría admitir la mayoría de las iniciativas”.

Y Esther Rodríguez, diputada de Más Madrid y vicepresidenta segunda, alerta: “No se puede cuestionar toda una carrera profesional porque haya firmado un informe que se considera poco objetivo”.

Tras conocer un informe de los servicios de la Cámara que avalaba la procedencia de citar a la experta, el PP pareció dar su visto bueno, y permitió tramitar la iniciativa en la Mesa del Parlamento. Lo que aparentó ser una victoria de la oposición, sin embargo, fue en realidad un aplazamiento de su derrota en aplicación de la mayoría absoluta del PP.

Así, este lunes, el veto a Zunzunegui se ha mantenido y ampliado en la mesa de la comisión donde debería sustanciarse el testimonio: ninguno de los integrantes de la comisión pasará por la Asamblea mientras el PP tenga mayoría absoluta. Una decisión que se sostiene sobre dos patas. La primera, que la comisión no es reconocida por el gobierno. Y la segunda, que su informe se refiere a un asunto que se produjo en una legislatura distinta a la actual.

Ese argumento, que pretende distinguir las responsabilidades del Gobierno que Díaz Ayuso presidió entre 2019 y 2021 de las del gobierno que preside Díaz Ayuso desde 2023, ya ha sido objeto de controversia. Así, Más Madrid recurrió en 2022 ante el Tribunal Constitucional, al considerar que se estaba imposibilitando la labor de oposición de sus diputados: al aplicarse, sostiene la oposición, no se puede fiscalizar nada de la gestión de la pandemia en la Asamblea regional.



https://elpais.com/espana/madrid/2024-05-20/el-pp-de-ayuso-veta-los-testimonios-que-defienden-que-4000-ancianos-pudieron-haberse-salvado-en-la-crisis-de-las-residencias.html

Recordando: Muertes de mayores en residencias de Madrid

 Sin acritud. Pero, al Cesar lo q es del Cesar

 Contraponer un enlace sobre el vicepresidente Iglesias a la información anterior sobre declaración de Lidia sobre muertes en Residencias en la Comisión del Congreso, me parece, como poco, improcedente, porque:

1.    El enlace sobre el vicepresidente Iglesias, recoge noticia de fecha de 10 de marzo, sobre distribución tareas dentro del gobierno de la nación, aunque su torticera utilización parecería tener la intención de responsabilizarle de la tragedia de las Residencias, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid.

2.    No deben olvidar que España es un estado federal, un estado compuesto, con amplias atribuciones en sus territorios, las llamadas CCAA, incluidas las de sanidad y asuntos sociales, que organizaron y dirigieron durante la pandemia.

3.    3692. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.

Artículo 6. Gestión ordinaria de los servicios.

Cada Administración conservará las competencias que le otorga la legislación vigente en la gestión ordinaria de sus servicios para adoptar las medidas que estime necesarias en el marco de las órdenes directas de la autoridad competente a los efectos del estado de alarma y sin perjuicio de lo establecido en los artículos 4 y 5.

4.   El gobierno de la nación no tiene, ni asumió atribuciones sobre las residencias de mayores, que estuvieron y están en manos de las CCAA.

5.    Son los gobiernos autonómicos, los gobiernos territoriales, quienes tuvieron y tienen responsabilidad en la contratación, despido y organización del alto personal responsable en cada territorio. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid, ejerció su responsabilidad, despidió o empujó a dimitir, a cerca de una decena de muy altos cargos vinculados con la crisis covid 19, siendo cubiertos los nombramientos por el Gobierno de la Sra. Ayuso, lo cual es una muestra de sus atribuciones de responsabilidad y poder.

6.    El 12 de marzo el gobierno Ayuso, presidenta y consejero Ruiz Escudero, afirman públicamente que las residencias se van a medicalizar. El 17 de marzo Ayuso en entrevista Telecinco afirman que las residencias están medicalizadas. Mentira. Como sentenciará el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, y mostró la realidad de las más de 700 residencias de la región.

7.    El 19 de marzo el Consejero de Políticas Sociales, pide ayuda al gobierno de la nación para que envíe la UME. La presidenta niega horas después que necesite tal ayuda. Hasta ahora son pruebas de quien tiene las competencias, y al menos un alto porcentaje de responsabilidades.

8.    Las órdenes que recibieron los hospitales de la Comunidad de Madrid para no aceptar derivaciones de las residencias de mayores, fueron impartidas por el gobierno de la Comunidad de Madrid, que era quien podía transmitirlas. El 20 de marzo enviaron un protocolo para evitar que los ancianos fueran trasladados a hospitales, inicialmente firmado por Carlos Mur, director de coordinación sociosanitaria de la Comunidad. Existió otro protocolo posterior en el mismo sentido para evitar derivaciones de ancianos desde sus domicilios.

9.    Salvo ancianos con pólizas de seguros privados.

10.  El 22 marzo, el consejero Reyero envía dos correos al Consejero de Sanidad Ruiz Escudero cuestionando la legalidad del protocolo. Otra prueba más de quien tenía y asumía la responsabilidad y atribuciones.

11.  Meses después, el 4 de junio en la Asamblea de Madrid, el Consejero Ruiz Escudero, reconocerá que los protocolos de exclusión de residentes fueron enviados a los hospitales, aunque dice que ‘fue por error’. Fueron publicados los correos de Reyero a Ruiz, en los que se prueba las órdenes de exclusión.

12.  El 25 de marzo la Consejería de Políticas Sociales del gobierno regional anuncia que intervendrá las residencias. Al día siguiente la presidenta Ayuso quita las competencias de residencias a Políticas Sociales, en poder de Ciudadanos y las transfiere a Sanidad en manos del PP, ambas dentro del gobierno regional. Quien podía hacerlo lo realiza y no era ningún vicepresidente del gobierno de la nación.

13.  El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, meses después de decretado el estado de alarma, dictó seis sentencias, al menos, -yo conozco las de Alcorcón, Leganés y Móstoles-, instando al gobierno de la Comunidad de Madrid a medicalizar las residencias. Es el Tribunal Superior de Justicia quien insta mediante sentencias al gobierno de la Sra. Ayuso, porque estima que tienen la responsabilidad. No se dirige a otro gobierno ni al vicepresidente Iglesias.

14.  Las residencias de mayores, son en gran parte propiedad de empresas privadas, grandes grupos empresariales y fondos de inversión controlan gran número de ellas. Por tanto, su objetivo como negocio, es la alta rentabilidad, los altos beneficios, para lo cual, la reducción de costes es esencial. Ello contribuyó en gran medida al desastre, sin medios, sin personal, sin espacios… Las otras residencias públicas, son controladas por los gobiernos territoriales.

15.  Conozco en primera persona la entrada de un grupo inversor en la residencia donde estaba mi madre, durante sus últimos meses. Las primeras acciones, años antes de la pandemia, fueron reducir personal y gasto alimentario. El personal es esencial en los cuidados de mayores.

16.  Durante la primera ola de la pandemia murieron mas de 7.700 ancianos en las residencias de mayores madrileñas. Aquellos que durante meses llamaban asesinos al gobierno de la nación, imputándole directamente su responsabilidad en las muertes, callaron posteriormente cuando fueron descubriendo que las atribuciones fueron/son principalmente de los gobiernos autonómicos, en este caso de Madrid dirigido por el PP. Lo cual no exime de responsabilidad compartida a toda institución española, incluido el gobierno de la nación. Pero a estas alturas de la película, volver a insinuar responsabilidad criminal en el vice Iglesias con un enlace de Antena 3 del 10 de marzo es asquerosamente indigno.

Publicado por manuhermon en 13:50 'Enmibarrio' jueves, 19 de noviembre de 2020

 

Eleccns23. Seguridad y violencia. Vueltas y revueltas

 

La extrema derecha es populista, generadora de odio, xenófoba, machista, racista, todo lo exagera, además de mentir habitualmente. Y no solo son los políticos de un partido quienes se expresan en este sentido, son medios de prensa gratuitos, prensa digital, periodistas, tertulianos, cadenas de radio y televisión…

Hoy volvemos a ronronear sobre seguridad. Escucho a la representante de VOX en TVE1, en un debate, insistir una y otra vez en lo peligroso que es salir a la calle, también repite lo malos que son los políticos, y lo mucho que gastan -ellos deben ser otra cosa, porque no se incluyen-. Difunden el miedo para lograr votos, ellos son generadores y creadores de inseguridad porque cala rápida y fácilmente.

Por supuesto en su parlamento sobre la violencia por las calles y la inseguridad que repitió montones de veces, no citó el caso de la representante de Vox, detenida hace pocos días por tráfico de drogas, representante de la que circulan vídeos haciendo campaña contra los traficantes y condenándolos. Mira por donde a ella la pillaron las fuerzas de seguridad del Estado.

No es conveniente despreciar el miedo que generan algunas situaciones de la sociedad actual. No se puede banalizar la inseguridad, pero hay que insistir y explicar y difundir que Europa es la zona más segura del Planeta Tierra y que España es uno de los países más seguros de Europa, por tanto, es una de las naciones con mayor seguridad del mundo, tanto en robos, como en crímenes, y por supuesto con relación a las mujeres, España es de los países con mayor seguridad. 

Y por supuesto, Alcorcón no es un nido de inseguridad y violencia, que pueden ver en las comparaciones con el resto de España. 

Si les interesa la realidad les invito a leer y ver unos datos comparativos en mi trabajo ALTA PROTECCION A LA VIDA, UN RASGO DE CALIDAD DEMOCRÁTICA

https://www.academia.edu/102351440/Alta_protecci%C3%B3n_a_la_vida

http://enmibarrio-parquelisboa.blogspot.com/search/label/seguridad

Elecns23. Muerte en las residencias

Me permito copiar el texto que  mi amigo Pepe (J.M.R.) volcó en Facebook. Si quieren saber más, por favor lean este libro, y si pueden contengan lágrimas e indignación.

 “ETA vive”: un grito de terror

No es un aviso a los despistados, la advertencia de una amenaza en ciernes y, mucho menos, la constatación del terrorismo como un fenómeno real. "ETA vive" es un grito de terror, que, invocando al terrorismo ya extinguido, denota el estado de terror de quien lo profiere.

“ETA está viva y nos gobierna”, dice Ayuso. “Vive de nuestro dinero -añade-; quiere destruir España y privar a millones de españoles de sus derechos constitucionales y provocar una confrontación”. Y lo dice quien no concibe otra forma de hacer política que la continua confrontación. No da cuenta de su gestión, nefasta, por más señas, pues sólo confronta, ataca, exagera, miente, desbarra, pues ya ha traspasado todos los límites de la decencia para vender el humo con que tapar lo que siempre le va a perseguir.

Sigue las directrices de su partido, incluso con más entusiasmo que el gran líder menguante Feijoo, porque tiene un motivo adicional, que es la muerte, por abandono, de 7.291 personas mayores durante la pandemia en las residencias madrileñas. 7.291 personas que fallecieron sin atención médica, solas, lejos de su familia, sin poderse despedir; aisladas, sin esperanza y viendo como a su alrededor la muerte se llevaba a otros residentes que compartían su infortunio, que no fue sólo efecto de una catástrofe natural, sino también la directa consecuencia de una decisión política adoptada con una frialdad semejante a la de Himmler sobre la “solución final”.

Que se mueran en las residencias. Esa fue la solución al problema planteado por la pandemia a la mal gestionada sanidad madrileña, mermada por la continua privatización de servicios y la reducción de personal que sufre desde hace años. El consejero de Políticas Sociales, Alberto Reyero, de Ciudadanos, criticó la decisión por poco ética y posiblemente ilegal y, en consecuencia, dimitió.

Los intentos de crear una comisión de investigación en la Comunidad de Madrid para aclarar lo sucedido han sido rechazados y las reclamaciones ante la justicia de familiares de fallecidos hasta ahora no han prosperado. Lo cual no indica que el asunto quede olvidado para siempre y que Ayuso sea exonerada de responsabilidad. Y la posibilidad de tener que comparecer ante un tribunal para explicar la decisión de dejar morir sin asistencia a 7.291 personas la aterroriza. Por eso recurre a ETA, una organización clandestina e ilegal, que ha provocado, según diversas fuentes, alrededor de 850 víctimas mortales, para que se olvide lo suyo, que es mucho peor, pues fue una decisión adoptada por una institución pública, de la cual Ayuso es la máxima responsable, y cuyas consejerías deberían, en teoría, velar por las vidas de las personas entregadas a su cuidado, en vez de tratar de acortarlas, en lo que parece una desmesurada aplicación de la eutanasia o, peor aún, un modo de entender la pandemia como la ocasión para promover una “higiene social” como la que los protofascistas atribuían a la guerra.

La intención “depurativa” de Ayuso continua en el terreno político con la intención de ilegalizar Bildu y otros partidos nacionalistas y, quién sabe si algunos más, que hoy son tachados de apoyos a un gobierno ilegítimo.

Lo más chusco del caso es que intenta hacer creer -a gente que cree cualquier cosa- que todo eso lo hace en defensa de la Constitución.''

Eleccns23. Basuras durante gobierno PP en Alcorcón

 

Dice el mentiroso, sensacionalista y derechoso panfleto gratuito ‘Al cabo de la calle’, que uno de los problemas graves de Alcorcón en estos cuatro años es la suciedad o falta de limpieza. La poca memoria sería grave, pero la mala leche y chunga intención es peor, por ser más peligrosa. Extender la mentira y la negatividad constante en la sociedad debería ser delito por atentar contra la convivencia ciudadana. 

A continuación, vean algunas fotografías, de diversos lugares alcorconeros, en diferentes días, obtenidas durante mandatos del PP, gobernando el alcalde Sr. Pérez. Y recuerden como estaban los barrios aunque siempre el PP ponía como objetivo la limpieza de la ciudad.

 

Eleccions23. Madrid últimos en educación

 Está pasando algo horrible para la mayoría de los madrileños, la comunidad de Madrid está abandonando a la mayoría de sus hijos. Madrid región rica de España, es la comunidad de toda España que menos invierte/gasta en educación pública per cápita.

Así las familias españolas que mas gastan en educación, son las madrileñas, como la Comunidad Autónoma no invierte, pues el que quiera educación que se la pague. Y sí, aquí están incluidas miles de familias de esas de la clase media.

La Comunidad de Madrid ha llegado a ser la peor, la última de la lista en educación porque lleva veinte años gobernada por el PP, que fundamentalmente se dedica a favorecer colegios concertados, privados o religiosos, vamos los colegios de las clases altas. Dicho de otra forma, en el gasto en educación Madrid favorece los conciertos, favorece a sus hijos predilectos, no a la clase obrera, trabajadores y clases medias.

Según los estudios publicados por el IVIE y la Fundación BBA, Madrid destaca en el peso de los conciertos y subvenciones en el gasto público dedicado a actividades educativas no universitarias de las Comunidades Autónomas, ocupa el segundo puesto entre las 17 comunidades con mayor gasto en conciertos.

 

Trabajadores en Alcorcón. Recuerdos 20

 

Elecciones23. Senda de la Deuda pública Alcorcón

 

Parece una clara mejoría en todos los últimos años. 

La senda de bajada empieza desde 2015

Eleccns23. Madrid es la CCAA que menos invierte en educación

El presente artículo se publicó en las elecciones anteriores de 2019. Las cosas siguen igual o peor, las inversiones en educación, sanidad, servicios sociales, dependencia para los mayores, el destino del dinero para la mayoría figura en la cola de gasto per cápita de España.

Madrid es la comunidad que menos invierte en educación pese a su riqueza
Elisa Silió. 17 mayo 2019
Las familias de la región son las que más gastan en la educación de sus hijos, un 57% más que la media nacional.

Madrid es hoy la región más rica de España y, sin embargo, la que menos invierte en el futuro de sus niños. En 2016 gastó en cada escolar 4.496 euros, según los datos del estudio Diferencias educativas regionales 2000-2016, de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), la peor cifra de toda España. "¿Qué sería de Madrid, que tiene la renta per cápita más alta de España, si la Comunidad gastase como en el País Vasco [un 63% más por alumno]? Estaríamos a la altura de Hamburgo y los niños de los barrios deprimidos podrían aspirar a ser lo que quisiesen", opina Isabel Galvín, secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO en Madrid. Los hogares madrileños son también los que más se hacen cargo de gastos educativos (libros, materiales, transporte o extraescolares): 1.624 euros por alumno, un 57% más que la media nacional.

"El sistema educativo es un fracaso en igualdad de oportunidades y de derecho a la educación para todos. La pregunta es: ¿Dónde estaría Madrid si la mitad de los chicos no estuviesen discriminados en función de la familia en la que ha nacido o la localidad?”, se cuestiona Galvín. “Porque hay un corte de discriminación norte sur. Los mejores datos están en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, y en la cola Parla. Hay una diferencia de horquilla enorme”.

Tener al alumnado agrupado en grandes municipios abarata en Madrid los costes en enseñanza —Castilla y León o Galicia hacen grandes esfuerzos en mantener sus escuelitas rurales—, pero hay evidentes carencias incontestables en su modelo. Ocupa el último lugar en varios indicadores: un ordenador para cada cinco alumnos (1,4 en Extremadura), 14 alumnos de ratio por profesor (10,4 en Galicia), o 1.600 docentes menos en plantilla que en 2011. La precariedad laboral está disparada, aunque ahora hay mucha oferta de oposiciones.

En otros porcentajes Madrid se posiciona bien, pero con datos muy heterogéneos. El fracaso escolar, por ejemplo, ha bajado por debajo del 13%, pero hay una gran diferencia entre zonas: en los distritos del sur de Madrid puede alcanzar el 30%. O ha cumplido la meta de bajar al 15% el abandono temprano de los estudios un año antes del límite impuesto por Bruselas. Apenas cuatro de las 17 comunidades lo han logrado y el resto previsiblemente no lo conseguirá.

En las pruebas de evaluación PISA Madrid se sitúa por encima de la media nacional y de la OCDE. Diferentes trabajos demuestran que el nivel de estudios de los padres condiciona el éxito escolar de sus hijos y en el caso de Madrid es una ventaja respecto a otras autonomías pues el porcentaje de parejas universitarias es muy alto en la región que alberga a la administración central.

El impulso de un sistema bilingüe de educación, un motivo de orgullo para Esperanza Aguirre que lo presentó como su programa estrella, se ha llevado una parte muy importante de los fondos. Esta bien valorada aunque los resultados son mejorables. "La palabra bilingüe es peligrosa y genera falsas expectativas en las familias", alerta el experto australiano David Marsh. Se ha logrado de esta forma atraer a muchas familias a la pública, pero para algunos expertos aumenta la segregación, porque seduce a las que tienen mayor formación y pueden ayudar a sus hijos con los deberes.

Solo Hungría supera a Madrid como la región europea que más segrega, según un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid basado en el informe PISA. Justamente el director de esta prueba de evaluación, el alemán Andreas Schleicher, se muestra crítico con el modelo español de titularidad de los centros: "La privada en España se ha convertido en una forma de segregar a los alumnos por su contexto social, pero no parece muy efectiva a la hora de elevar la educación, al menos de acuerdo con los resultados de PISA".

El gasto en escuela concertada (en manos privadas, pero mantenida con fondos públicos) y en subvenciones se ha multiplicado en la Comunidad de Madrid por 6,2 en dos décadas: de los 161 millones en 2009 a los 968 millones en 2018, según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional. En España, de media, se ha multiplicado por 2,3. A los conciertos en primaria y secundaria se han sumado la Formación Profesional, los cheques-guardería —en lugar de construir escuelas infantiles públicas— y ahora se agregará el bachillerato. El pasado septiembre Ángel Garrido, por entonces presidente regional y afiliado al PP, anunció la inversión de ocho millones en becas para que "3.000 bachilleres de los entornos más desfavorecidos estudien en la concertada".

El concierto hace años que no se actualiza, la partida que reciben los centros subvencionados es baja y la patronal se queja de que no cubre gastos (los profesores los paga directamente el Estado). Eso explicaría en su opinión la "cuota voluntaria" — no permitida por la ley, pues la enseñanza debe ser gratuita— que supone menos de 60 euros mensuales en los colegios religiosos tradicionales y hasta 500 euros en los nuevos, según un informe encargado a una auditora por los padres de la enseñanza pública (CEAPA). La ministra Isabel Celaá anunció en otoño un mayor control a la gestión de estos centros y cundió el miedo. Como reacción Escuelas Católicas ha lanzado una campaña para demostrar que "la concertada es sinónimo de libertad y pluralidad".

En este contexto de auge de la nueva concertada, nació la trama de corrupción de Púnica, liderada por el hoy ex vicepresidente Francisco Granados que encontró un filón en la educación. Presuntamente este cobraba mordidas de miles de euros por ceder suelos de todos los madrileños a empresarios para levantar colegios. Cuatro de ellos están siendo investigados en la causa judicial abierta. A diferencia de otras comunidades, en Madrid se puede concertar un centro antes de edificarse. Eso ha llevado a que cientos de niños estudiasen en barracones mientras se construía su colegio, la mayoría ultracatólicos. Aunque son casos aislados porque la región no sufre la lacra de las aulas prefabricadas que no se ha solucionado en la Comunidad Valenciana, Cataluña o Andalucía.

Los nuevos desarrollos urbanísticos PAU de la capital se levantaron sin servicios públicos básicos o más que insuficientes (colegios, institutos, ambulatorios o mercados), lo que forzó a los padres a matricular a sus hijos en la concertada o a desplazarse a otro barrio. Eso ha ocasionado verdaderas luchas vecinales para lograrlo, como en Las Tablas (35.000 habitantes) que inauguró este curso al fin la primera fase de su instituto tras 12 años. La presidenta Cristina Cifuentes se comprometió a no concertar más colegios —unos 30 quedaron a la espera con el cambio de legislatura—, pero estos últimos subvencionados han seguido abriendo aulas a medida de que sus alumnos han ido creciendo.

En Las Tablas, como en otros barrios, para no gastar tanto de golpe, los colegios se han construido por fases impidiendo a los niños disfrutar del gimnasio o la sala de música, cuando no dar clase en medio de las obras. Comisiones Obreras calculó en el inicio de curso que había 80 centros sin construir, en obras o con retrasos, lo que está afectando a 12.000 niños. La Consejería de Educación, sin embargo, habló de "casos aislados y puntuales".

En estos años muchas obras se han presupuestado pero nunca ejecutado en varios ejercicios seguidos para desesperación de las familias que veían a sus hijos cumplir años sin que hubiese colegios o institutos públicos para acogerles. La demora se ha incrementado porque la consejería optó en muchas ocasiones por ofertas temerarias de unas constructoras que han terminado quebrando, lo que obliga a la Administración a volver a sacar a concurso las obras. Eso ha provocado que se endurezcan los contratos en la región que menos invierte en sus nuevas generaciones.

Eleccns23. Economía, empresas en Alcorcón. 2

 

En el cuadro tienen la distribución de empresas en Alcorcón, por tipos de actividad. Que lejanos quedan aquellos tiempos de Alcorcón ciudad dormitorio, realmente era casi toda la zona sur de Madrid, aunque no hace tanto tiempo mucha gente se olvida de ello.

Eleccions23. Economía. Empresas en Alcorcón 1

La evolución del número de empresas de una ciudad es uno de los aspectos que nos permiten vislumbrar cómo va la economía.  Como va el negocio?, si vemos una tendencia en la que crece el número de empresas, la idea general, económicamente hablando, es que la cosa va bien, hay crecimiento económico, lo cual provoca trabajo, relaciones, y crecimiento del número de empresas. La cosa va bien, máxime en este caso si salimos de una pandemia, una guerra, etc.  Lo cual no quiere decir que a todo el mundo le vaya bien, pero sí que en general, las cosas funcionan en buena dirección.

Aquí unos datos sobre empresas, en los que parece evidente que crecen fundamentalmente en el sector servicios, como en toda España, como en toda Europa, como en todo el mundo occidental. 

Los datos aquí presentados, desmienten el catastrofismo de muchas noticias, medios de prensa gratuitos o no, y partidos que alertan día sí y día también, contra el desastre económico nacional o local. 

El cuadro refiere sus datos a Alcorcón, aunque en el título no lo diga, en los datos que facilita en excell lo indica claramente: Url:"https://www.epdata.es/empresas-relacionadas-actividades-financieras-seguros/c68f829f-ae76-42c0-aa99-f6771935db73/alcorcon/641"

Eleccions23. Recuerdos de hace un año

Tomo un recuerdo de mi amigo Pepe, que publicó en FB hace un año, por si le sirve a alguien para repensar el voto. Entiendan que  no se trata  de presentarlo como si fuera o no delito, sino de apreciar la inmoralidad de los hechos que reflejan un tipo de vida basado en la creencia de sus privilegios e impunidad de sus actos.

Cómo estaba el patio hace un año... ! Hace un año. J.M. Roca 27 abril 22

¿Cómo está el patio?

Llevo unos días sin asomarme a FB, mirando la actividad política nacional de refilón, como si mirase a la Medusa, y prestando más atención a la guerra de Putin, que cada día tiene peor pinta, y a las elecciones presidenciales en Francia, cuyo resultado es preocupante por el avance de la extrema derecha, a pesar de su derrota ante monsieur Macron.

Por aquí, en el solar patrio, como diría un poeta, las cosas van como siempre, con un lío detrás de otro. No salimos de un jaleo y estamos metidos en el siguiente. Somos incansables y seguimos con líos de familia; la familia es lo primero.

Empezábamos a tratar de digerir -¡qué pesadas son las ruedas de molino!- el “pelotazo” del hermano de Ayuso en la provisión de mascarillas, con las que el muchacho se había ganado unas pesetillas (más de 9 millones de las antiguas pelas, según los primeros cálculos, o cincuenta millones por toda la operación: en total 300.000 euros), con una remuneración que no está clara, pues su poderosa hermana dice que no es una comisión, sino una contraprestación por su trabajo, pero él va por libre, no tiene nómina de empleado… ¿entonces, por qué concepto ha cobrado ese dineral? De momento, se sabe que es un pago con dinero público, pero no su naturaleza. Ya darán algún nombre exótico a esa elevada contraprestación -¿un finiquito parental?-.

De una familia pasamos a otra; a la del alcalde. Un primo de Almeida facilitó un número de teléfono prodigioso que ha dado el resultado de comprar material sanitario de ínfima calidad por valor de 12 millones de euros, con el que un par de golfos -el hijo de un duque y un comerciante de carne de pollo (“chicken broker” en Manhattan)- han dado un “pelotazo” de 6 millones, justo la mitad del coste, para que el cálculo de la comisión sea fácil de hacer. El supuesto proveedor de esas birrias es un malayo llamado Xan Chin Chon; hasta el nombre suena a falso, que te cagas, pues parece el de un chino de opereta o un fabricante de anís, avecindado en las cercanías de la capital.

Nos han estafado, dice el alcalde, presuntamente estupefacto, cuando en su día se dio cuenta de que había hecho el primo con su primo y se calló como un muerto. Repuesto del susto, ha buscado una salida airosa en el libro de estilo de FAES: la culpa es de Sánchez y la izquierda bolivariana, no de esos dos patrióticos “emprendedores”, que con su esfuerzo han salvado muchas vidas. Hay días que Villacís está sublime.

Si no fuera por “el contexto”, al que alude Almeida, cuando la gente se moría a cientos por el virus, el asunto de la compra de mascarillas, que implica y complica a los dos máximos responsables políticos de Madrid -la presidenta y el alcalde-, daría para un esperpento, pero realmente provoca asco y espanto. Y es que hay hábitos que no cambian. El primer caso sirvió para expulsar a Casado, que no logró vender la sede “maldita” donde está la caja B, que sigue funcionando, y el segundo para dar la bienvenida a Feijoo, que, de momento, está en plan gallego.

Pero ya aparece otro caso. Ana Millán, alcaldesa de Arroyomolinos por el PP, investigada por prevaricación cohecho, fraude y blanqueo de capitales, que (presuntamente) otorgó contratos públicos valorados en 600.000 euros a un empresario que, también presuntamente, le pagó la hipoteca de un ático de su propiedad.

¡Ah!, Arturo González Panero -el "albondiguilla"-, ex alcalde de Boadilla del Monte por el PP, ingresó la semana pasada en prisión, condenado a 36 años de cárcel por una veintena de delitos cometidos al amparo de la trama “Gurtel”.
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También hay una buena noticia. La Unión Europea autoriza el plan español para rebajar el precio de la luz en la Península Ibérica. Es un logro de Sánchez, pese a quien pese. Sobre todo, al oligopolio eléctrico, que anda rugiendo amenazas. Por cierto, ¿recuerdan el impuesto al sol de cuando gobernaba Rajoy?