Eleccns23. Madrid es la CCAA que menos invierte en educación

El presente artículo se publicó en las elecciones anteriores de 2019. Las cosas siguen igual o peor, las inversiones en educación, sanidad, servicios sociales, dependencia para los mayores, el destino del dinero para la mayoría figura en la cola de gasto per cápita de España.

Madrid es la comunidad que menos invierte en educación pese a su riqueza
Elisa Silió. 17 mayo 2019
Las familias de la región son las que más gastan en la educación de sus hijos, un 57% más que la media nacional.

Madrid es hoy la región más rica de España y, sin embargo, la que menos invierte en el futuro de sus niños. En 2016 gastó en cada escolar 4.496 euros, según los datos del estudio Diferencias educativas regionales 2000-2016, de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), la peor cifra de toda España. "¿Qué sería de Madrid, que tiene la renta per cápita más alta de España, si la Comunidad gastase como en el País Vasco [un 63% más por alumno]? Estaríamos a la altura de Hamburgo y los niños de los barrios deprimidos podrían aspirar a ser lo que quisiesen", opina Isabel Galvín, secretaria de la Federación de Enseñanza de CCOO en Madrid. Los hogares madrileños son también los que más se hacen cargo de gastos educativos (libros, materiales, transporte o extraescolares): 1.624 euros por alumno, un 57% más que la media nacional.

"El sistema educativo es un fracaso en igualdad de oportunidades y de derecho a la educación para todos. La pregunta es: ¿Dónde estaría Madrid si la mitad de los chicos no estuviesen discriminados en función de la familia en la que ha nacido o la localidad?”, se cuestiona Galvín. “Porque hay un corte de discriminación norte sur. Los mejores datos están en Alcobendas y San Sebastián de los Reyes, y en la cola Parla. Hay una diferencia de horquilla enorme”.

Tener al alumnado agrupado en grandes municipios abarata en Madrid los costes en enseñanza —Castilla y León o Galicia hacen grandes esfuerzos en mantener sus escuelitas rurales—, pero hay evidentes carencias incontestables en su modelo. Ocupa el último lugar en varios indicadores: un ordenador para cada cinco alumnos (1,4 en Extremadura), 14 alumnos de ratio por profesor (10,4 en Galicia), o 1.600 docentes menos en plantilla que en 2011. La precariedad laboral está disparada, aunque ahora hay mucha oferta de oposiciones.

En otros porcentajes Madrid se posiciona bien, pero con datos muy heterogéneos. El fracaso escolar, por ejemplo, ha bajado por debajo del 13%, pero hay una gran diferencia entre zonas: en los distritos del sur de Madrid puede alcanzar el 30%. O ha cumplido la meta de bajar al 15% el abandono temprano de los estudios un año antes del límite impuesto por Bruselas. Apenas cuatro de las 17 comunidades lo han logrado y el resto previsiblemente no lo conseguirá.

En las pruebas de evaluación PISA Madrid se sitúa por encima de la media nacional y de la OCDE. Diferentes trabajos demuestran que el nivel de estudios de los padres condiciona el éxito escolar de sus hijos y en el caso de Madrid es una ventaja respecto a otras autonomías pues el porcentaje de parejas universitarias es muy alto en la región que alberga a la administración central.

El impulso de un sistema bilingüe de educación, un motivo de orgullo para Esperanza Aguirre que lo presentó como su programa estrella, se ha llevado una parte muy importante de los fondos. Esta bien valorada aunque los resultados son mejorables. "La palabra bilingüe es peligrosa y genera falsas expectativas en las familias", alerta el experto australiano David Marsh. Se ha logrado de esta forma atraer a muchas familias a la pública, pero para algunos expertos aumenta la segregación, porque seduce a las que tienen mayor formación y pueden ayudar a sus hijos con los deberes.

Solo Hungría supera a Madrid como la región europea que más segrega, según un estudio de la Universidad Autónoma de Madrid basado en el informe PISA. Justamente el director de esta prueba de evaluación, el alemán Andreas Schleicher, se muestra crítico con el modelo español de titularidad de los centros: "La privada en España se ha convertido en una forma de segregar a los alumnos por su contexto social, pero no parece muy efectiva a la hora de elevar la educación, al menos de acuerdo con los resultados de PISA".

El gasto en escuela concertada (en manos privadas, pero mantenida con fondos públicos) y en subvenciones se ha multiplicado en la Comunidad de Madrid por 6,2 en dos décadas: de los 161 millones en 2009 a los 968 millones en 2018, según datos del Ministerio de Educación y Formación Profesional. En España, de media, se ha multiplicado por 2,3. A los conciertos en primaria y secundaria se han sumado la Formación Profesional, los cheques-guardería —en lugar de construir escuelas infantiles públicas— y ahora se agregará el bachillerato. El pasado septiembre Ángel Garrido, por entonces presidente regional y afiliado al PP, anunció la inversión de ocho millones en becas para que "3.000 bachilleres de los entornos más desfavorecidos estudien en la concertada".

El concierto hace años que no se actualiza, la partida que reciben los centros subvencionados es baja y la patronal se queja de que no cubre gastos (los profesores los paga directamente el Estado). Eso explicaría en su opinión la "cuota voluntaria" — no permitida por la ley, pues la enseñanza debe ser gratuita— que supone menos de 60 euros mensuales en los colegios religiosos tradicionales y hasta 500 euros en los nuevos, según un informe encargado a una auditora por los padres de la enseñanza pública (CEAPA). La ministra Isabel Celaá anunció en otoño un mayor control a la gestión de estos centros y cundió el miedo. Como reacción Escuelas Católicas ha lanzado una campaña para demostrar que "la concertada es sinónimo de libertad y pluralidad".

En este contexto de auge de la nueva concertada, nació la trama de corrupción de Púnica, liderada por el hoy ex vicepresidente Francisco Granados que encontró un filón en la educación. Presuntamente este cobraba mordidas de miles de euros por ceder suelos de todos los madrileños a empresarios para levantar colegios. Cuatro de ellos están siendo investigados en la causa judicial abierta. A diferencia de otras comunidades, en Madrid se puede concertar un centro antes de edificarse. Eso ha llevado a que cientos de niños estudiasen en barracones mientras se construía su colegio, la mayoría ultracatólicos. Aunque son casos aislados porque la región no sufre la lacra de las aulas prefabricadas que no se ha solucionado en la Comunidad Valenciana, Cataluña o Andalucía.

Los nuevos desarrollos urbanísticos PAU de la capital se levantaron sin servicios públicos básicos o más que insuficientes (colegios, institutos, ambulatorios o mercados), lo que forzó a los padres a matricular a sus hijos en la concertada o a desplazarse a otro barrio. Eso ha ocasionado verdaderas luchas vecinales para lograrlo, como en Las Tablas (35.000 habitantes) que inauguró este curso al fin la primera fase de su instituto tras 12 años. La presidenta Cristina Cifuentes se comprometió a no concertar más colegios —unos 30 quedaron a la espera con el cambio de legislatura—, pero estos últimos subvencionados han seguido abriendo aulas a medida de que sus alumnos han ido creciendo.

En Las Tablas, como en otros barrios, para no gastar tanto de golpe, los colegios se han construido por fases impidiendo a los niños disfrutar del gimnasio o la sala de música, cuando no dar clase en medio de las obras. Comisiones Obreras calculó en el inicio de curso que había 80 centros sin construir, en obras o con retrasos, lo que está afectando a 12.000 niños. La Consejería de Educación, sin embargo, habló de "casos aislados y puntuales".

En estos años muchas obras se han presupuestado pero nunca ejecutado en varios ejercicios seguidos para desesperación de las familias que veían a sus hijos cumplir años sin que hubiese colegios o institutos públicos para acogerles. La demora se ha incrementado porque la consejería optó en muchas ocasiones por ofertas temerarias de unas constructoras que han terminado quebrando, lo que obliga a la Administración a volver a sacar a concurso las obras. Eso ha provocado que se endurezcan los contratos en la región que menos invierte en sus nuevas generaciones.