“Es una galería subterránea amplísima, porque daba acceso a los distintos edificios. Los túneles requieren altura, anchura especial, y ocupan 1.300 metros”, explicó Gómez-Angulo en la comisión de endeudamiento de la Cámara. Mencionó también una “galería paralela de servicios”. Un grupo de parlamentarios, entre los que se encontraba este portavoz del PP, accedió a los túneles el pasado octubre. El corredor tiene distintas ramificaciones que no desembocan en ninguna parte porque no han sido levantados 13 de los 14 edificios proyectados por arquitectos de renombre mundial. Cuentan con conexión de luz y un depósito de agua por el que se pagaron 60.000 euros. “Es un coste equilibrado con lo que allí se hizo”, insistió el político.
“La ciudad subterránea estaba casi terminada. En los juzgados los detenidos tenían que ir por debajo, y había servicios comunes a los edificios. Son túneles de cinco metros de ancho”, explicó ayer Giménez de Córdoba, ingeniero de formación. Él no encontró “desproporcionado” que se gastasen los 60 millones bajo tierra: “Es perfectamente coherente. Se les va [el presupuesto] cuando no se construye a 1.200 euros por metro cuadrado, sino a 2.000”. Según explicó, en 2006 se pensaba edificar un complejo judicial “austero”, pero en 2008 esa idea cambió tras tasarse muy altas las viejas sedes judiciales que iban a ser vendidas. Quisieron que “Madrid pasase a la posteridad” con arquitectos estrella, a diferencia de Barcelona, que “tiene un campus nuevo funcional, pero que no es la belleza personificada”.
Miguel Giménez de Córdoba fue el único compareciente que acudió ayer a la comisión de endeudamiento. No lo hicieron su antecesor, Alfredo de Prada, ni el exconsejero de Justicia Francisco Granados, en prisión por el caso Púnica. El primero pretextó un viaje en un correo electrónico en el que subrayó que “hace ocho años que no tiene relación con la Comunidad”. Esta actitud fue calificada como “impresentable” por el PP.A Granados se le envió un escrito a la cárcel, pero declinó ir.
Giménez de Córdoba, presidente de la empresa pública Tragsa, aseguró que Francisco Granados, entonces consejero de Justicia, le emplazó a iniciar y terminar antes 2011 (año electoral) la construcción de tres edificios. “Me dijo: ‘Si los ciudadanos no la ven, se creen que la ciudad no existe”. El directivo ironizó: “Parece ser que, ahora, allí lo que hay son conejos”.
El gerente aseguró que, pese al interés de Granados —que le impidió el acceso a su ordenador cuando le despidió—, se negó a vender la sede de los juzgados de plaza de Castilla por 100 millones, cuando se había tasado en 400. Y que, por “presiones”, se vio forzado a construir algún edificio y optó por el instituto de anatomía forense, que costó 20 millones. “Era el más pequeño y funcional”. La mole circular, de 13.937 metros cuadrados, tiene instaladas 127 cámaras de conservación de cadáveres y está lista para convertir sus 37 plazas de garaje en salas de autopsias móviles para caso de catástrofe. El consejero justificó su magnitud recordando el 11-M y los atentados de esta semana en París.
Los 60 millones sepultados en Valdebebas escandalizaron a la oposición. “Llamar al túnel ciudad subterránea es surrealista, a no ser que hayan recreado una ciudad en la película que estaban rodando”, ironizó Mercedes Gallizo, del PSOE. César Zafra, de Ciudadanos, afirmó: “Algunos túneles están mal tapiados, inacabados. En indemnizaciones se han ido parte de los 60 millones. No en túneles”. Mientras que Eduardo Gutiérrez, de Podemos, se quedó sin saber por qué se eligió Valdebebas, lo que encareció el proyecto 27 millones.
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