Les exige un plan de ajuste antes del 20
de abril o activará el procedimiento para retener sus ingresos y pagar
directamente a los proveedores
El Ministerio de Hacienda ha enviado
cartas a 14 entidades locales advirtiéndoles de que, o corrigen el elevado
nivel de morosidad en que incurrieron en 2017, o intervendrá sus ingresos para
pagar directamente a los proveedores. Son 13 Ayuntamientos y a la Diputación de
Cádiz que arrastran un largo historial de incumplimientos por su delicada
situación financiera. Están altamente endeudados y durante todo el año pasado
han tardado en pagar a sus proveedores más de 60 días —30 días que empiezan a
contar al mes de recibir la factura—. Hacienda les exige antes del 20 de abril
un nuevo plan de ajuste.
Se trata de nueve entidades locales
andaluzas: Jaén, Jerez, Granada, Huelva, Puerto de Santa María, Chiclana de la
Frontera, Algeciras, Vélez-Málaga y la Diputación de Cádiz. Y otros tres
Ayuntamientos madrileños: Alcorcón,
Leganés y Parla. También han recibido el ultimátum Gandía y Telde (Las Palmas).
Son
Ayuntamientos con una población conjunta de 1,75 millones de habitantes y una
deuda acumulada de casi 3.000 millones de euros.
Jerez, Jaén y Parla son el paradigma de
la mala gestión. Sus alcaldes se embarcaron en proyectos megalómanos durante
los años previos a la crisis y no lograron sortearla cuando todo se vino abajo
en 2008. Los gobernantes dejaron unas ciudades endeudadas y tardaron varios
años en acometer los ajustes necesarios. Una década después se les siguen
atragantando sus finanzas. La mayoría de los actuales alcaldes no tienen nada
que ver con el origen del problema, pero siguen incumpliendo los límites de deuda
y morosidad.
Jaén es víctima de un tranvía que nunca
llegó a circular por las calles de la ciudad. El tranvía de Parla sí funciona
pero su construcción dejó seca las arcas municipales. Los problemas de Jerez
vienen de lejos. Estas tres ciudades arrastraban plantillas sobredimensionadas,
crearon empresas públicas para ofrecer servicios que se escapaban de sus
competencias y proyectos disparatados. Tras años de severa dieta y duros
ajustes han mejorado algo su situación pero las heridas siguen sin cicatrizar.
Por eso, Hacienda ha enviado cartas esta
semana a 14 entidades locales que incumplieron durante todo el año pasado el
plazo legal de pago. Tanto la Ley de Estabilidad —una norma creada en 2012 para
consagrar la austeridad en las cuentas públicas— como la Ley contra la
morosidad establecen que las administraciones públicas deben pagar en un plazo
inferior a 30 días, que empieza a contar al mes de recibir las facturas. Si
incumplen ese plazo legal durante más de dos meses, las administraciones
infractoras tienen que elaborar un plan de tesorería con ajustes para enderezar
la situación.
Hacienda recuerda en la misiva, enviada
a los alcaldes e interventores, como estos Ayuntamientos ya tuvieron que
presentar un plan de ajuste en el tercer trimestre del año pasado. Y aún así no
han enmendado su situación. Jerez, Gandía, Parla, Algeciras, Telde o Jaén
tardan más de nueve meses en pagar a sus proveedores. El periodo medio de pago
de Jaén asciende, incluso, a 540 días: más de un año y medio, según los datos
de Hacienda.
"A pesar de la actualización de su
plan de tesorería y de su aplicación durante noviembre y diciembre de 2017
(publicado en marzo) el periodo medio de pago siguió incurso en el supuesto de
morosidad de la Ley de Estabilidad al ser superior en más de 30 días",
explica Belén Navarro la secretaria general de financiación autonómica y local
en la carta remitida por Hacienda.
El ministerio obliga al interventor a
que en el plazo de 15 días envíe una alerta al órgano de tutela competente —la
Junta de Andalucía para los Ayuntamientos andaluces y Hacienda para los
Consistorios madrileños y canarios—. Se trata de un paso imprescindible para
obligar a estos municipios que presenten otro plan de ajuste para corregir su
morosidad. Los alcaldes tendrán de plazo hasta el próximo 20 de abril. En caso
de que no lo hagan, advierte el ministerio, se procederá a la intervención de
sus recursos para que Hacienda pague directamente a los proveedores a cuenta de
los fondos que les correspondan a esas ciudades por la financiación local.
Además, se les obligará a adherirse al fondo de ordenación, unas líneas de
crédito del Gobierno que exigen unos requisitos de información y ajustes
adicionales.
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