7.291 muertes en residencias madrileñas

 

Las 7291 muertes ocurridas en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid sin atención hospitalaria durante marzo y abril de 2020 constituyen una de las mayores tragedias de la democracia en España. Las consecuencias de estos dos meses de abandono sobre las personas, residentes, familiares y trabajadores, que sobrevivieron a esta tragedia en la Comunidad de Madrid siguen sin documentarse.

Esta Web presenta un INFORME. Su finalidad es conocer la verdad de lo sucedido, premisa inexorable para obtener justicia y un cambio sustancial en el modelo de residencias; contribuir a poner las bases para alcanzar la reparación por el daño ocasionado, si hubo responsabilidades en el mismo; y, siempre, tratar de que no se repita aquella parte de la tragedia que pudo ser evitada. Con todo ello, este documento quiere honrar la memoria de quienes fallecieron en las residencias, e impedir que queden en el olvido. También quiere ser un sincero agradecimiento a los trabajadores y a los familiares, por el tesón y la dignidad con los que luchan por sus derechos, porque su lucha nos defiende a todos.

El informe

En esta Web se presenta el informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias de Madrid. La Comisión se constituyó en abril de 2023 a petición de los familiares de las víctimas, asociados en Verdad y Justicia y Marea de Residencias.

https://comisionverdadresidenciasmadrid.wordpress.com/

7.291 muertes en residencias. Así lo vieron los bomberos

Así vivieron los bomberos el caos de las residencias de Madrid en la pandemia: “Tienen cuatro cadáveres, algunos 80 horas fallecidos”

EL PAÍS accede a la transcripción de las actas de los profesionales que acudieron a ayudar a unos centros desbordados en lo peor de la crisis sanitaria

JUAN JOSÉ MATEOFERNANDO PEINADO 17-05-2024

Hay gritos de desesperación que no se oyen porque están escritos. “¡Necesitan ayuda para discernir si tiene positivos!”, se lee, así, entre exclamaciones, en una de las actas de inspección de residencias de la Comunidad de Madrid firmadas por los bomberos durante lo peor de la pandemia y a cuya transcripción ha accedido EL PAÍS. Hasta 7.291 residentes murieron por cualquier causa en estos centros durante marzo y abril de 2020, cuando los hospitales regionales estaban colapsados y unos protocolos de triaje que el Gobierno sigue negando haber activado, contra todas las evidencias, dificultó su traslado e ingreso. En medio, el terror. Cadáveres que se acumulaban sin que nadie acudiera a por ellos, “algunos con 80 horas fallecidos”. Directores de residencias desbordados. Personal contagiado. Residentes que deambulaban sin control. Y, por cada centro bien gestionado (que los hubo, según las actas), una mayoría con problemas. El infierno en la tierra.

“Las actas de los bomberos arrojan luz a lo que Ayuso no quiere que sepamos, su abandono de los miles de personas mayores que vivían en las residencias en plena pandemia”, opina Lorena Morales, diputada del PSOE de Juan Lobato, que ha podido consultar las actas de las visitas de los bomberos en su condición de representante de los madrileños. “Sin material sanitario, sin personal, las residencias se convirtieron en trampas”, sigue en contraste con el Gobierno regional, que defiende que se hizo todo lo posible por salvar a los ancianos y que ahora solo se quiere retorcer el dolor que siguen provocando esos miles de muertes. “Aunque [Ayuso] nos ponga mil trabas para que accedamos a los documentos de aquellos días, vamos a seguir luchando por la verdad. Cada día que pasa a la sociedad madrileña le importan menos las cañas y más los muertos”, afirma Morales.

EL PAÍS también ha obtenido acceso a las actas de las inspecciones de los bomberos tras una solicitud amparada por la Ley de Transparencia pero, más de un mes después de recibir la notificación de esa resolución positiva, el departamento encargado sigue sin dar cita para consultarlos con el argumento de que necesitaba anonimizarlos.

Estas actas se suman a numerosos testimonios previos del caos y del desamparo que sufrieron las residencias madrileñas hace cuatro años, entre ellos las actas de la Policía Municipal de Madrid o el relato en la Asamblea de Madrid y en prensa de sanitarios, directores de residencias o empresarios. Los bomberos tuvieron que encargarse de recoger 157 cadáveres en las residencias a lo largo de 2020, primer año de la pandemia, según refleja la memoria de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 de ese año.

Para ello, recibieron una formación exhaustiva sobre cómo tratar esos cuerpos invadidos por el virus: debían actuar “con el mayor respeto al fallecido”, introducirlo “en un doble sudario que garantice su manipulación de forma segura hasta introducirlo en el féretro”, y asegurar el ataúd con dos clavos y cinta americana, tras múltiples rociados de soluciones desinfectantes durante todos los trabajos, según detalla el procedimiento de actuación.

Nada, sin embargo, preparó a los bomberos para lo que presenciaron cuando visitaron los centros sanitarios entre el 1 de abril y el 21 de mayo de 2020. Aquellos eran los peores días de la pandemia. Las funerarias habían colapsado (“se ha avisado a la funeraria Santa Lucía, pero no les dan fecha de recogida del cadáver”, se detalla en un acta) y los bomberos empezaron a hacer su labor acudiendo allí donde el virus había golpeado más fuerte: las residencias, donde se concentraban las personas más débiles frente al ataque de la covid. Este es el relato de su experiencia a través de las actas que ellos mismos firmaron.

Nada más empezar, el 3 de abril, llegan a una residencia en la que se encuentran “siete fallecidos sin recoger más de 48 horas, no tienen espacio y les meten en la capilla. Tres de ellos varios días. El personal de refuerzo no tiene formación adecuada”. Es un escenario dantesco, pero no excepcional. Apenas dos días después, el 5 de abril, los bomberos escriben esto en otra acta: “Tienen cuatro cadáveres y algunos con 80 horas fallecidos”.

Pasa algo parecido en otro centro. “Tres fallecidos sin recoger, uno lleva en la residencia 72 horas sin que nadie lo recoja”, se resume la visita. “Los otros dos menos de 24 horas”, se precisa. Y se apunta: “No hay médico a día de hoy. No hay sectorización de enfermos. Necesitan más oxigenoterapia para tratar los posibles covid”.

Lo mismo ocurre en otra residencia: “Dos fallecidos pendientes de recogida por funeraria. Unos hace tres días y otro hace un día”.

Y en una más: “Hay un fallecido hace más de 36 horas pendiente de recoger. El centro no tiene tanatorio y se encuentra en una habitación sin refrigeración”.

Y en otra: “Cinco fallecidos pendientes de retirada, uno de ellos superadas las 36 horas desde el fallecimiento”.

La muerte ha entrado con el virus en las residencias. Los bomberos describen casos excepcionales de centros bien compartimentados, e incluso medicalizados. Pero son mayoría las actas que retratan una realidad terrorífica, en la que el personal está desbordado, faltan trabajadores que han causado baja por enfermedad, los residentes sanos y contagiados viven mezclados, o hay una alarmante falta de material de protección. Como han denunciado organizaciones como Amnistía Internacional o Médicos sin Fronteras, la supuesta medicalización prometida por la Consejería de Sanidad madrileña no se produjo. Las residencias no eran un lugar adecuado para tratar a un enfermo de covid. De acuerdo con la estimación de la comisión ciudadana por la verdad en las residencias, de haber sido hospitalizadas, se hubieran podido salvar 4.000 vidas.

“[El] personal NO está formado y NO aplica las medidas de protección”, recoge un acta, así, en mayúsculas para trasladar la desesperación de quien apunta en el caso de varias residencias. “Hay siete personas aisladas durante el día, pero a la hora de dormir se mezclan en habitaciones de dos”, describe el despropósito de la organización de la primera. “Hay posibilidad de compartimentar las habitaciones, pero no está realizado”.

“Persona que les atiende se siente agobiada por tener que informarles”, se resume lo ocurrido en una de las visitas. “Numeroso personal en los que observo que la gran mayoría no son conscientes de la responsabilidad de las tareas que realizan y, además, muchos de ellos llevan muy poco tiempo cubriendo las numerosas bajas existentes”, se añade.

Así, en otro centro, los bomberos subrayan: “Existencia de una falsa creencia de estar aplicando los criterios de PCI [protección y control de infecciones] correctamente por parte de la gerencia, lo que supone un riesgo añadido”. De otro, escriben: “Concienciación de uso adecuado y generalizado de EPIs. Se observa relajamiento en su aplicación. Hincapié en la necesidad estricta de diferenciación entre el circuito de limpio y de sucio”. Y de un tercero, se apunta: “Ligera dejadez del personal a la hora de equiparse correctamente”.

“¡Necesitan ayuda para discernir si tienen positivos!”

Mientras el virus pasa de anciano en anciano, el sistema parece colapsar entre llamadas de auxilio que no se atienden, cambios de organización que no funcionan, o no se aplican, y test que no ayudan a discernir dónde está el peligro. “Los residentes asintomáticos después de un test rápido y después de unos días confinados han vuelto a utilizar las zonas comunes y a la normalidad que establecieran a primeros de marzo”, fotografían los bomberos lo que se encuentran al visitar otra residencia. “¡Necesitan ayuda para discernir si tienen positivos!”.

De otro centro se hace un retrato terrorífico: “Una persona se mueve libremente, tiene discapacidad psíquica y es muy agresiva, pasando de zona sucia a limpia. Eso no es admisible y se le pide que la geriatra tome medidas legales para limitar los movimientos de esa persona”.

Al trasladarse a una residencia el 13 de abril, los profesionales detectan “falta de EPIs y material fungible básico: sueros, vías, falta de balas de oxígenos, necesidad de vestimenta. Mascarillas FPP2 no tienen y las están reutilizando”. Y alertan: “Trasiego continuo de una zona a otra sin descontaminarse”.

Otra acta recoge lo siguiente: “No tienen material, se lo han fabricado ellos mismos. No mascarillas adecuadas, solo algunas quirúrgicas. No enfermera”.

“Casi todo el personal presenta síntomas” de contagio, alertan en otro escrito. En una visita del 11 de abril, se describe a una directora desbordada, que “necesita ayuda para elaborar e instaurar las acciones preventivas y mitigadoras de la expansión del covid”. El juicio que se emite sobre otro director es mucho más duro: “La situación de la residencia es propicia para la implantación de los criterios de manera efectiva, pero la falta de predisposición del director hace imposible aplicar las medidas propuestas”.

Los bomberos pueden hacer todo ese trabajo habilitados por una resolución gubernamental del 26 de marzo de 2020. En ella se reconocía que se había “producido un extraordinario incremento en el número de fallecidos de la Comunidad de Madrid”, y que por ello se habilitaba “excepcional y temporalmente” a las fuerzas armadas, bomberos y policía al traslado de cadáveres. Los bomberos, sin embargo, hicieron mucho más que eso: dejaron constancia por escrito del caos reinante en las residencias durante lo peor de la pandemia.

https://elpais.com/espana/madrid/2024-05-17/asi-vivieron-los-bomberos-el-caos-de-las-residencias-de-madrid-en-la-pandemia-tienen-cuatro-cadaveres-algunos-80-horas-fallecidos.html

7.291 muertes. Cuantas pudieron evitarse?

13 estudios científicos desmienten a Ayuso: se salvaron entre el 37% y el 72% de los mayores de residencias hospitalizados con covid

La presidenta madrileña insiste ahora en la idea de que un residente enfermo estaba condenado a morir por el virus, en contra de los estudios que se hicieron en Madrid y en otras comunidades

FERNANDO PEINADO. - 21 FEB 2024

Estaba destinada a morir una persona mayor si se contagiaba de covid durante la pandemia? La idea proviene de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la puede desmentir fácilmente cualquiera que conozca algún caso cercano de persona superviviente con 80, 90 o incluso más de 100 años. Pero Ayuso airea esa excusa para defender su política de exclusión de asistencia hospitalaria a las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia. En su contra juegan 13 estudios científicos en Madrid y otras comunidades: entre el 37% y el 72% de los mayores de residencias enfermos de covid que fueron a un hospital acabaron recuperándose. En las madrileñas murieron 5.794 personas con covid en marzo y abril de 2020.

Ayuso ha retornado al tema en los últimos días, en medio de críticas por sus intentos de bloquear el acceso a las actas que redactaron los policías en sus visitas a las residencias. Este lunes, la presidenta defendió en un desayuno informativo que “el traslado al hospital no garantizaba la supervivencia, como demuestran las cifras”. Ayuso no precisó cuáles eran esos datos y la Consejería de Sanidad no ha contestado a una pregunta de este periódico sobre cuál es la fuente de la presidenta. El jueves, Ayuso hizo otra declaración semejante en la Asamblea de Madrid: “Cuando una persona mayor estaba gravemente enferma con el covid, no se salvaba en ningún sitio”.

El efecto de la edad en los pacientes de covid es bien conocido: cuanto mayor es la persona, menores son sus posibilidades de sobrevivir. Pero eso no supone una muerte segura tras contraer la enfermedad, como afirma la presidenta. Las estimaciones sobre la letalidad de la primera ola indican que sobrevivía al virus aproximadamente un 90% de los enfermos de entre 80 y 84 años; un 80% de los que tenían entre 85 y 89 años; y un 56% de los que tenían más de 90 años.

Pero aún se puede ser más preciso, porque se conocen datos sobre mayores enfermos de covid que vivían en residencias durante la primera ola y fueron hospitalizados. En España, 13 investigaciones científicas sobre la supervivencia de este colectivo fueron incluidas en una revisión sistemática publicada el año pasado por la revista internacional Epidemiología y liderada por la epidemióloga María Victoria Zunzunegui, profesora jubilada de Salud Pública en la Universidad de Montreal (Canadá).

Dos estudios examinados por Zunzunegui pertenecen a hospitales públicos de la región madrileña. Trataron a enfermos de residencias que sí superaron el triaje de los protocolos, pero los datos de estos hospitales muestran que dejaron fuera a un alto número de enfermos que fallecieron en las residencias de su área.

El primer estudio analizó la mortalidad de 419 pacientes enfermos que en marzo y abril de 2020 vivían en 31 residencias en el área del hospital Ramón y Cajal, en el norte de Madrid. De esos, 130 fueron hospitalizados y sobrevivieron 94 (el 72,3%), según la investigación liderada por Lorena García-Cabrera, especialista en cuidados paliativos del Ramón y Cajal.

El segundo evaluó la mortalidad de 430 mayores contagiados entre marzo y junio en residencias del área del hospital Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes. De esos, 292 fueron ingresados y sobrevivieron 168 (el 57,5%), de acuerdo con el estudio comandado por el jefe de geriatría de ese hospital, Rafael Bielza.

Las otras investigaciones revisadas por Zunzunegui muestran la supervivencia en distintas áreas geográficas (por ejemplo, una sola residencia de Granada o ciudades como Sant Cugat del Vallés, en Barcelona). Los que comprenden toda una comunidad autónoma han analizado el caso de Navarra (donde se salvó el 63,9% de los hospitalizados), Andalucía (54,3%), País Vasco (49,6%) y Galicia (37,3%).

En conversación con EL PAÍS, Zunzunegui califica de “falsedad grandísima” las afirmaciones de Ayuso: “Es un horror porque no solo es que se pudo haber evitado que murieran mal, sino que no tenían que haber muerto”, dice la investigadora, que realizó su trabajo junto con François Béland, del Instituto de Salud Carlos III, y Fernando García López, del Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas.

Un análisis reciente del medio InfoLibre muestra un resultado que encaja con lo que revelan las investigaciones compiladas por esta autora. Según ese análisis, de datos del Gobierno madrileño obtenidos a través de una solicitud de acceso a la información, en marzo y abril de 2020, ingresaron en alguno de los hospitales públicos de la región 6.308 residentes y sobrevivieron 4.129 (el 65%).

El presidente de la Sociedad Española de Geriatría, José Augusto García Navarro, también rechaza tajantemente la tesis de la presidenta: “Es falso”, asegura a este periódico. “No es cierto que te salvaras sin más si ibas al hospital, pero tampoco es cierto que diera igual”.

Tampoco es cierto que diera igual una forma de morir u otra. El personal de las residencias o los sanitarios de la Operación Bicho han narrado el horror que presenciaron en esos centros desasistidos, donde faltaban personal y recursos médicos: cadáveres sin recoger, enfermos asfixiándose sin sedación o residentes que se negaban a comer o beber. Si el desenlace iba a ser fatal, el hospital hubiera supuesto una muerte más digna.

Derivaciones a hospitales privados

Casi cuatro años después, los hechos aún está siendo investigado por múltiples juzgados de instrucción de Madrid, y la oposición de izquierdas a Ayuso sigue reclamando que la presidenta rinda cuentas. Amnistía Internacional ha calificado lo sucedido como “uno de los capítulos más trágicos de la historia reciente de nuestro país”, donde “ha habido vulneraciones de derechos humanos que deben ser reparadas”.

En su defensa, Ayuso ha incurrido en numerosas contradicciones. Ha culpado al Gobierno central (que no tenía competencias), pero también al virus. Esta idea suya de una muerte irremediable sugiere que las decisiones de los políticos eran irrelevantes, como dijo expresamente en junio de 2020: “Lo que se ha vivido ha sido un infierno, una guerra sobrevenida de la que no tenemos la culpa nosotros como gobernantes autonómicos”.

El alto cargo madrileño que se rebeló contra el abandono de las residencias, Alberto Reyero, desmiente esa tesis de unos gobernantes superados por los acontecimientos. Insiste en todas las alternativas que el Gobierno de Ayuso descartó para salvar esas vidas, como la medicalización de las residencias, el traslado de los mayores de residencias al hospital de campaña de Ifema o a las camas libres en los hospitales privados.

A esto, Reyero añade otro elemento revelado por EL PAÍS que vierte más sal en la herida: “Luego está el contrasentido y la injusticia de que sí se derivaba a las personas con seguro privado”, recuerda. “Si se iban a morir de igual modo, ¿por qué sí los enviaban a los hospitales privados?”.

Como han hecho otros analistas, Reyero expresa su disgusto por la “frivolidad” y “chulería” que percibe en las últimas declaraciones de Ayuso. Y le pregunta a su antigua jefa: “¿Diría lo mismo si los afectados hubieran sido sus padres?”.


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