7.291 muertes hubo en marzo y abril 2020

 El PP bloquea en dos meses cuatro iniciativas relacionadas con el movimiento 7.291. FERNANDO PEINADO - 23 may 2024 –

El partido conservador paraliza con una denuncia a la Junta Electoral un acto en Alcorcón de la comisión por la verdad en las residencias, el último ejemplo de una guerra contra los defensores de esta causa

El PP no quiere que se hable de la tragedia de hace cuatro años en las residencias madrileñas. Este asunto incómodo para la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, iba a ser tratado este miércoles a las 19.00 en un acto de dos organizaciones de familiares de víctimas en un centro cívico del Ayuntamiento de Alcorcón, regido por la socialista Candelaria Testa, pero la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Madrid lo vetó tras recibir horas antes una denuncia del PP contra la alcaldesa. El escrito del partido conservador alega que este acto vulnera las prohibiciones previas a los comicios europeos del 9 de junio al tener un contenido de campaña. Sin embargo, el cartel no tiene símbolo de ningún partido político y los cuatro participantes anunciados son un jurista, una epidemióloga y dos miembros de asociaciones de familiares. El PSOE de Alcorcón había publicado el lunes un tuit en el que anunciaba el evento, una promoción que el PP ha destacado en su denuncia.

Se trata del cuarto bloqueo del PP en poco más de dos meses a iniciativas en Madrid relacionadas con la gestión del Gobierno de Ayuso durante marzo y abril de 2020, cuando murieron 7.291 mayores en las residencias. El primer ejemplo es del 16 de marzo de este año, cuando el Ayuntamiento de la capital retiró un permiso que había concedido para celebrar una charla llamada Residencias, así se dejó morir a nuestros mayores en la que iban a participar el periodista Manuel Rico y dos representantes de asociaciones de familias.

El segundo caso ocurrió el viernes 10 de mayo, cuando Más Madrid tuvo que retirar dos lonas con la cifra 7.291 tras un recurso del PP a la JEZ de Madrid que confirmó la Junta Electoral Provincial. Este lunes, se dio un nuevo bloqueo cuando la comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid, controlada por el PP, vetó a la científica María Victoria Zunzunegui, que había sido invitada por Más Madrid a hablar de residencias, por entender que esta experta en epidemiología también iba a hablar sobre los sucesos de hace cuatro años. Y el cuarto acto paralizado ha sido el de Alcorcón de este miércoles.

A pesar de la cancelación, unas 40 personas permanecían en el exterior del centro cívico este miércoles a la hora del evento. Los asistentes improvisaron una protesta que lideró José Ángel Chamorro, secretario de atención a la Dependencia del PSOE de Madrid y vecino de Alcorcón. Chamorro tomó la palabra para denunciar la “censura” del Gobierno de Ayuso. “Es muy grave lo que está pasando en esta Comunidad con la libertad de expresión”, les dijo. “Algo tienen que ocultar”.

Chamorro dio paso a las dos ponentes de las asociaciones de familias, que intervinieron durante unos 10 minutos ante unos asistentes que las escucharon de pie. “Este Gobierno que tenemos no hizo nada teniendo medios a su alcance”, dijo Carmen Martín, miembro de Verdad y Justicia. “Podían haber medicalizado las residencias, podían haberlos llevado al hospital milagro, a los hoteles medicalizados, a hospitales privados, pero nada de esto se utilizó. Simplemente, se los dejó morir”.

Carmen Martín, miembro de la asociación Verdad y Justicia, habla en el exterior del centro cívico Los Pinos de Alcorcón, este miércoles por la tarde.

Martín explicó a este periódico que el evento de Alcorcón era parte de una gira que iniciaron el 15 de marzo para promover el informe de la comisión ciudadana por la verdad en las residencias, formada por un grupo de siete reconocidos expertos que, a petición de las asociaciones, indagaron lo sucedido durante casi un año. Esa promoción comenzó con un acto en el Ateneo de Madrid y fue seguida por el evento cancelado de Villaverde y otros en Getafe y Parla. Tienen programadas nuevas citas en Torrelodones el 1 de junio, Ciempozuelos el 13 de junio y Colmenar Viejo el 26 de junio. “Nos están censurando todo, pero vamos a ir a todos los municipios que nos lo permitan”, decía la miembro de esa plataforma.

El cartel del evento de Alcorcón se titula Presentación del informe de la comisión por la verdad en las residencias de Madrid y lleva los logotipos del Ayuntamiento de Alcorcón y de las asociaciones Marea de Residencias y Verdad y Justicia. Incluye una foto de una pareja de personas mayores en actitud cariñosa, la hora y lugar ―19.00 en el Centro Cívico Los Pinos― y los nombres de los cuatro intervinientes: dos son miembros de ese órgano ciudadano ―la epidemióloga Zunzunegui y el abogado Fernando Ranz― y dos son portavoces de dos asociaciones de familias ―Carmen López, de Marea de Residencias, y Carmen Martín, de Verdad y Justicia―.

El PP presentó su denuncia este miércoles a las 8.30 firmada por Jerónimo Escalera, gerente de la Empresa Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid. El escrito cita el artículo 50.2 de la ley de Régimen Electoral (Loreg), que prohíbe desde la convocatoria de elecciones, que se produjo el 16 de abril, “cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos, que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utiliza imágenes coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por algunas de las entidades públicas concurrentes a las elecciones”.

La denuncia menciona que el acto usa instalaciones públicas para “menoscabar la imagen de un adversario político” y añade que se ha publicitado desde la cuenta en la red X (antes Twitter) del PSOE de Alcorcón. Ese tuit dice: “¿Qué ocurrió en las residencias de mayores durante la pandemia? No olvidaremos a los 7.291 fallecidos, por el protocolo de la vergüenza”.

El escrito asegura que esa publicación busca “dar publicidad al partido que representa y los partidos con los que gobierna (PSOE Alcorcón, Más Madrid Alcorcón y Sumar) en un momento en el que cualquier campaña, acto o manifestación contra la Comunidad de Madrid y más concretamente contra su presidenta Doña Isabel Díaz Ayuso, entra de lleno en las prohibiciones establecidas a las Administraciones públicas en campaña electoral”. Por estos hechos, el PP pide una sanción para la alcaldesa Testa por ilícito electoral.

Una portavoz de la alcaldesa explicó a EL PAÍS que han decidido no recurrir y aplazar el evento para no tener a los participantes a la espera de confirmación. Sin embargo, sí han presentado a la JZE unas alegaciones en las que resaltan que ni el Ayuntamiento ni ningún partido forman parte de la comisión ciudadana por la verdad.

“El Partido Popular ha efectuado una interpretación del acto de presentación ignorando su verdadero fin, pervirtiéndolo al entender que se corresponde con una vulneración de las normas de la Loreg”, dice su escrito de alegaciones, “el Gobierno municipal va a proceder con carácter inmediato a la suspensión del mismo por considerar que esta actitud acosadora del Partido Popular, que busca ocultar responsabilidades sobre sucesos que causaron gran dolor en la ciudad, va a provocar tensiones innecesarias en las familias afectadas, trasladándose el acto a fecha posterior garantizando así la seguridad jurídica de la actividad municipal”.

Podcast sobre el abandono en las residencias de Madrid

Cuatro años después, los eventos de 2020 siguen ocupando un lugar preferente en la tensa batalla política madrileña. En los tribunales, las familias no han logrado éxitos, pero esperan tener más suerte con decenas de recursos de amparo presentados al Tribunal Constitucional. En la calle, el movimiento ha logrado más visibilidad, gracias a convertir el número 7.291 en un símbolo. Esa cifra proviene de datos oficiales que publicó el diario digital InfoLibre. Se refiere a las personas mayores que murieron dentro de una residencia en marzo y abril de 2020 por cualquier causa.

Ayuso, que nunca se ha reunido con las asociaciones de familias, tuvo que aceptar la creación en julio de 2020 de una comisión de investigación en la Asamblea sobre los sucesos. Entonces gobernaba con la necesidad del apoyo de Ciudadanos y Vox pero, tras salir reforzada en las elecciones de 2021, impidió que ese grupo reanudara su trabajo. Desde junio de ese año, el PP de Ayuso se ha opuesto en ocho ocasiones a que se investigue en la Asamblea el drama de las residencias durante la pandemia o a que se debata sobre cómo mejorar el funcionamiento de estos hogares colectivos.

https://elpais.com/espana/madrid/2024-05-23/el-pp-bloquea-en-dos-meses-cuatro-iniciativas-relacionadas-con-el-movimiento-7291.html

7.291 muertos en las residencias de Madrid

El PP de Ayuso veta a expertos que defienden que 4.000 ancianos pudieron haberse salvado en la crisis de las residencias

Los conservadores rechazan que acudan a la Asamblea miembros de la comisión de la verdad que no están convocados por ese motivo

JUAN JOSÉ MATEO. 20-05-2024

El PP de Isabel Díaz Ayuso avanza que hará valer su mayoría absoluta para impedir que en la Asamblea se escuche a los integrantes de la comisión ciudadana que concluyó en marzo que se podrían haber evitado hasta 4.000 muertes de ancianos en las residencias durante lo peor de la pandemia. Incluso cuando no estén convocados por ese motivo. Este lunes se ha producido un ejemplo, cuando la Mesa de la comisión de Familia y Asuntos Sociales, dominada por los conservadores, ha rechazado que intervenga en el Parlamento María Victoria Zunzunegui, convocada por Más Madrid como experta en epidemiología y geriatría. Para Emilia Sánchez, diputada del partido que lidera la oposición, se trata de un caso inédito de “censura preventiva”, ya que “se la veta por si acaso” habla del informe sobre las residencias. El PSOE teme que se esté usando “un sesgo ideológico” de manera “adivinatoria”. Y el PP, por su parte, simplemente da por hecho que se hablaría del informe de la comisión de la verdad, y contrapone que aplica el reglamento frente a un organismo no reconocido que fiscaliza a un gobierno que, a su juicio, ya no existe, pues es de una legislatura anterior.

La Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, conformada por familiares, juristas y expertos sanitarios, hizo público en marzo un informe sobre la muerte de 7.291 mayores en las residencias durante la pandemia. Las conclusiones más relevantes del documento, basado en cientos de testimonios de afectados, familiares, y peritos, apuntaron a una actuación “inadecuada” del Gobierno regional por restringir el número de derivaciones a hospitales durante lo peor de la pandemia. Durante la crisis sanitaria, la Comunidad argumentó que se habían medicalizado las residencias para garantizar el tratamiento de los ancianos sin necesidad de traslado, pero el informe sostiene que los centros no estaban preparados para esa tarea, ni en material ni en personal. Y deja esta conclusión: “Más de 4.000 personas pudieron haber salvado su vida”.

Aunque el Ejecutivo regional nunca ha reconocido a este organismo, formado por iniciativa popular y sin respaldo institucional, Más Madrid sí ha estado en contacto con sus expertos. Y por eso quiere convocar a algunos, como Zunzunegui, aunque el objeto de sus convocatorias no mencione específicamente a la comisión de la verdad en las residencias. Una omisión que el PP entiende como un subterfugio, ya que da por hecho que intervenciones como esta acabarían por mencionar el informe.

“¡Atención, censura!”, ha denunciado este lunes en sus redes sociales la diputada Sánchez, que luego ha detallado todo lo ocurrido a este diario en conversación telefónica. “El Presidente de la comisión de políticas sociales [del PP] pretende vetar a una experta por si habla de otros temas que no le gustan”, ha seguido sobre un órgano que vive de polémica en polémica, pues los conservadores ya intentaron acallar una referencia de una compareciente a los 7.291 fallecidos (”si no puedo hablar, me voy”, dijo) o afearon a una representante de Amnistía Internacional que denunciara que había habido “violaciones de derechos humanos” en las residencias. Y ha recriminado: “Esto lo hace preventivamente. Más Madrid ni siquiera había solicitado aún la activación de esa comparecencia para la próxima comisión”.

La indignación de Más Madrid es compartida por el PSOE. “Esto es alucinante”, ha lamentado un diputado con muchos trienios a sus espaldas. “El presidente [de la comisión] de manera preventiva y adivinatoria anuncia que aunque la Mesa de la Asamblea autorice las comparecencias, ellos las rechazarán por entender que la intención [de las intervenciones] es distinta del objeto de la convocatoria”, ha abundado en referencia a que la Mesa del Parlamento dio el visto bueno a la misma comparecencia que ahora rechaza la comisión. “¡Juzgan intenciones!”, ha exclamado. Y ha ironizado: “¡Ni Aramis Fuster!”

Esto es lo que tiene que decir el grupo parlamentario popular, que dirige el portavoz Carlos Díaz-Pache, al respecto.

“La Mesa de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales ha señalado este lunes, de acuerdo a sus competencias, que evitará el fraude en las comparecencias que pretende la izquierda, que solicita citar a miembros de la mal llamada Comisión de la verdad de las residencias para hablar de su informe, cuando es una entidad no reconocida y un informe que intenta fiscalizar la acción de una legislatura anterior”, han argumentado en el PP. “El reglamento de la Asamblea es claro”, han sostenido. “Las comparecencias se sustancian si hay acuerdo de la comisión, y no es el caso, y las entidades externas comparecen a efectos exclusivos de informe y asesoramiento (artículo 211)”.

Son argumentos que no sorprenden en la izquierda. Para llegar a este punto, la oposición de la Asamblea ya tuvo que sortear la oposición del PP en la Mesa de la Cámara, donde el presidente del Parlamento, Enrique Ossorio, se mostró taxativo.

“El Excmo. Sr. Presidente considera que, atendiendo a los antecedentes sobre solicitud de comparecencia de esta persona, no se debe admitir esta iniciativa porque es la tercera vez que se plantea esta citación”, se lee en el acta de la reunión del 12 de abril. “En esas solicitudes se ha ido cambiando la justificación de la naturaleza de experta de la persona que se desea que comparezca”, se argumenta. “Parece una especie de fraude porque lo que se busca desde el inicio es lo mismo: que comparezca para hablar sobre un informe en el que se ha significado notablemente, pero que no acredita que el mismo confiera el carácter de experto que debe concurrir en quien comparecen la Asamblea de Madrid en ese concepto”.

Esa argumentación provoca un escándalo inmediato. Diego Cruz, del PSOE, protesta en su calidad de vicepresidente tercero: “No se puede admitir que se introduzca a partir de ahora el sesgo ideológico del compareciente para calificar estas iniciativas”.

De aplicarse siempre el criterio expuesto por Ossorio, expone el representante del Vox en el órgano, José Ignacio Arias, “impediría admitir la mayoría de las iniciativas”.

Y Esther Rodríguez, diputada de Más Madrid y vicepresidenta segunda, alerta: “No se puede cuestionar toda una carrera profesional porque haya firmado un informe que se considera poco objetivo”.

Tras conocer un informe de los servicios de la Cámara que avalaba la procedencia de citar a la experta, el PP pareció dar su visto bueno, y permitió tramitar la iniciativa en la Mesa del Parlamento. Lo que aparentó ser una victoria de la oposición, sin embargo, fue en realidad un aplazamiento de su derrota en aplicación de la mayoría absoluta del PP.

Así, este lunes, el veto a Zunzunegui se ha mantenido y ampliado en la mesa de la comisión donde debería sustanciarse el testimonio: ninguno de los integrantes de la comisión pasará por la Asamblea mientras el PP tenga mayoría absoluta. Una decisión que se sostiene sobre dos patas. La primera, que la comisión no es reconocida por el gobierno. Y la segunda, que su informe se refiere a un asunto que se produjo en una legislatura distinta a la actual.

Ese argumento, que pretende distinguir las responsabilidades del Gobierno que Díaz Ayuso presidió entre 2019 y 2021 de las del gobierno que preside Díaz Ayuso desde 2023, ya ha sido objeto de controversia. Así, Más Madrid recurrió en 2022 ante el Tribunal Constitucional, al considerar que se estaba imposibilitando la labor de oposición de sus diputados: al aplicarse, sostiene la oposición, no se puede fiscalizar nada de la gestión de la pandemia en la Asamblea regional.



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