7.291 muertes en residencias de Madrid. Covid 19

Los hospitales madrileños rechazaron a enfermos de residencias 11 días antes del primer “protocolo de la vergüenza”, según un estudio. Fernando Peinado. Madrid - 26 AGO 2024. El País.

Un análisis liderado por un académico canadiense confirma que las instrucciones del Gobierno de Ayuso a los hospitales para descartar a mayores que vivían en hogares colectivos sancionaron por escrito lo que ya estaba ocurriendo


El sábado 7 de marzo de 2020, los madrileños seguían haciendo vida normal, pero todas las pruebas indican que la Comunidad de Madrid tomó ese día en secreto una decisión trágica para miles de personas mayores y sus familias. Una investigación académica liderada por el profesor canadiense François Béland ha analizado los datos de la primera ola de la pandemia para concluir que ese día las residencias de mayores comenzaron a sufrir un triaje que ha sido tachado de discriminatorio por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional o Médicos sin Fronteras. El estudio concluye que el primero de los protocolos de hospitalización enviado el 18 de marzo a los geriatras que tomaban las decisiones de ingreso sancionó por escrito lo que ya estaba ocurriendo.

El estudio confirma los hallazgos publicados por InfoLibre y las denuncias de los familiares de la residencia Monte Hermoso, un caso que causó conmoción el 17 de marzo, el día que se supo que al menos 19 mayores habían fallecido sin traslado al hospital después de que estallara un brote de covid. El Hospital Clínico San Carlos llevaba al menos cuatro días rechazando los ingresos.

La decisión de restringir las derivaciones se tomó el fin de semana en que comenzaban a llegar a los medios avisos de la saturación en los hospitales. También eran conocidos por entonces los problemas del sistema sanitario italiano, el país que en ese momento tenía mayor número de muertes de covid, por detrás de China.

La caída de las hospitalizaciones coincide con el día en que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) inició la gestión centralizada de las camas hospitalarias, una medida que los autores han encontrado referida muy de pasada en la memoria de ese año, publicada en la web. Fue el lunes siguiente cuando el Gobierno de la presidenta Isabel Díaz Ayuso comenzó a anunciar decisiones drásticas, en primer lugar el cierre de los colegios; y el jueves, que los mayores serían atendidos en las mismas residencias, que iban a ser “medicalizadas”, una palabra que evocaba la idea de un fuerte refuerzo médico, algo que nunca sucedió.

Gráfico que muestra que la caída de las hospitalizaciones comienza antes de la publicación de los protocolos. BMC GERIATRICS

Este estudio suscita preguntas sobre lo sucedido. La fundamental es quién tomó esa decisión de limitar las hospitalizaciones. Mientras el foco ha estado puesto en los protocolos, el principal responsable ha sido el exdirector de coordinación sociosanitaria, Carlos Mur, quien ha dicho en sedes judicial y parlamentaria que siguió órdenes de sus superiores. Pero sobre esta medida previa hay aún menos información.

Otra cuestión es por qué elaboró la Consejería de Sanidad unas directrices escritas que han comprometido política y judicialmente a Ayuso y otros miembros de su Gobierno y que la oposición ha tachado de “protocolos de la vergüenza”. Una posible explicación, dada por el exconsejero de Políticas Sociales Alberto Reyero, es que algunos geriatras, preocupados por posibles consecuencias penales, se negaran a acatar las órdenes a menos que estuvieran por escrito.

Esos documentos, de los que se elaboraron cuatro versiones (el 18, 20, 24 y 25 de marzo) pedían descartar la hospitalización de los mayores en silla de ruedas y grados mayores de dependencia, con el objetivo de evitar el colapso hospitalario.

La prueba de que esos documentos tenían un valor relativo la dan también otros testimonios recabados por este periódico según los cuales hubo hospitales que rechazaron en función de la edad (un criterio que no aparece en los protocolos). Por otro lado, algunas residencias sufrieron un cerrojo absoluto durante casi un mes.

Cuando bajó la presión hospitalaria, los geriatras de enlace levantaron las restricciones que existían sobre las residencias. Los datos que manejan los autores muestran que la fecha en que se acabó su efecto fue probablemente el 7 de abril.

“Decisión secreta y antidemocrática”

El estudio ha sido publicado por la revista BMC Geriatrics y además de Béland, profesor en la Universidad de Montreal, tiene como coautores a los epidemiólogos María Victoria Zunzunegui y Fernando García López y al neumólogo Francisco Pozo Rodríguez. La investigación ha usado como fuentes los datos oficiales, día a día, del número de traslados hospitalarios, las muertes en hospital y residencias o el número de camas disponibles.

Béland le dice a EL PAÍS que han podido documentar con datos el efecto que tuvieron las restricciones, pero hay preguntas para las que su estudio no puede ofrecer respuestas: “Fue una decisión secreta y antidemocrática, pero no sabemos quién la tomó”.

Este autor reside en Quebec, una provincia canadiense muy golpeada en la primera ola de la covid. Allí también ha habido polémica porque el Gobierno regional elaboró protocolos de triaje que produjeron una alta mortalidad en las residencias. Sin embargo, añade Béland, las restricciones fueron distintas: “En la Comunidad de Madrid el triaje tuvo en cuenta el grado de dependencia en lugar de la gravedad de la enfermedad, como ocurrió en Quebec”.

Otra de las autoras, Zunzunegui, destaca que los protocolos han acaparado buena parte de la atención en el análisis de lo sucedido, pero su importancia práctica es menor de la esperada. “Los protocolos siguen siendo crueles y antiéticos, pero lo que hicieron es permitir que se continuara con lo que ya se estaba haciendo”, dice Zunzunegui, que ha sido una de las expertas de la Comisión ciudadana por la verdad en las residencias.

El análisis destaca que, según otros estudios, durante la pandemia se produjo una saturación hospitalaria entre baja y moderada en muchos países de altos ingresos. Sin embargo, la presión sobre el sistema sanitario en España fue hasta siete veces mayor que en Francia, Suiza, Reino Unido, Bélgica, Dinamarca, Luxemburgo y Suecia. España experimentó el mayor nivel de mortalidad por covid entre las personas de más de 65 años de 12 países de la OCDE estudiados. Y España también tuvo la mayor mortalidad de personas que vivían en residencias.

En la Comunidad de Madrid, el exceso de mortalidad durante la primera ola de la pandemia (primavera de 2020) fue el mayor de las 17 comunidades autónomas. Y en Madrid la mortalidad dentro de las residencias fue con diferencia la mayor de todas. Según los datos oficiales, esa primavera murió una de cada cinco personas que vivía en una residencia.

Las familias de los fallecidos llevan más de cuatro años buscando justicia. Decenas de querellas por homicidio y omisión de socorro contra Ayuso y sus consejeros han sido archivadas, aunque la principal asociación que los esponsoriza, Marea de Residencias, ha anunciado recursos ante el Tribunal Constitucional.

https://elpais.com/espana/madrid/2024-08-26/los-hospitales-madrilenos-rechazaron-a-enfermos-de-residencias-11-dias-antes-del-primer-protocolo-de-la-verguenza-segun-un-estudio.html

7.291 muertes en residencias madrileñas

 

Las 7291 muertes ocurridas en las residencias de mayores de la Comunidad de Madrid sin atención hospitalaria durante marzo y abril de 2020 constituyen una de las mayores tragedias de la democracia en España. Las consecuencias de estos dos meses de abandono sobre las personas, residentes, familiares y trabajadores, que sobrevivieron a esta tragedia en la Comunidad de Madrid siguen sin documentarse.

Esta Web presenta un INFORME. Su finalidad es conocer la verdad de lo sucedido, premisa inexorable para obtener justicia y un cambio sustancial en el modelo de residencias; contribuir a poner las bases para alcanzar la reparación por el daño ocasionado, si hubo responsabilidades en el mismo; y, siempre, tratar de que no se repita aquella parte de la tragedia que pudo ser evitada. Con todo ello, este documento quiere honrar la memoria de quienes fallecieron en las residencias, e impedir que queden en el olvido. También quiere ser un sincero agradecimiento a los trabajadores y a los familiares, por el tesón y la dignidad con los que luchan por sus derechos, porque su lucha nos defiende a todos.

El informe

En esta Web se presenta el informe de la Comisión Ciudadana por la Verdad en las residencias de Madrid. La Comisión se constituyó en abril de 2023 a petición de los familiares de las víctimas, asociados en Verdad y Justicia y Marea de Residencias.

https://comisionverdadresidenciasmadrid.wordpress.com/

7.291 muertes en residencias. Así lo vieron los bomberos

Así vivieron los bomberos el caos de las residencias de Madrid en la pandemia: “Tienen cuatro cadáveres, algunos 80 horas fallecidos”

EL PAÍS accede a la transcripción de las actas de los profesionales que acudieron a ayudar a unos centros desbordados en lo peor de la crisis sanitaria

JUAN JOSÉ MATEOFERNANDO PEINADO 17-05-2024

Hay gritos de desesperación que no se oyen porque están escritos. “¡Necesitan ayuda para discernir si tiene positivos!”, se lee, así, entre exclamaciones, en una de las actas de inspección de residencias de la Comunidad de Madrid firmadas por los bomberos durante lo peor de la pandemia y a cuya transcripción ha accedido EL PAÍS. Hasta 7.291 residentes murieron por cualquier causa en estos centros durante marzo y abril de 2020, cuando los hospitales regionales estaban colapsados y unos protocolos de triaje que el Gobierno sigue negando haber activado, contra todas las evidencias, dificultó su traslado e ingreso. En medio, el terror. Cadáveres que se acumulaban sin que nadie acudiera a por ellos, “algunos con 80 horas fallecidos”. Directores de residencias desbordados. Personal contagiado. Residentes que deambulaban sin control. Y, por cada centro bien gestionado (que los hubo, según las actas), una mayoría con problemas. El infierno en la tierra.

“Las actas de los bomberos arrojan luz a lo que Ayuso no quiere que sepamos, su abandono de los miles de personas mayores que vivían en las residencias en plena pandemia”, opina Lorena Morales, diputada del PSOE de Juan Lobato, que ha podido consultar las actas de las visitas de los bomberos en su condición de representante de los madrileños. “Sin material sanitario, sin personal, las residencias se convirtieron en trampas”, sigue en contraste con el Gobierno regional, que defiende que se hizo todo lo posible por salvar a los ancianos y que ahora solo se quiere retorcer el dolor que siguen provocando esos miles de muertes. “Aunque [Ayuso] nos ponga mil trabas para que accedamos a los documentos de aquellos días, vamos a seguir luchando por la verdad. Cada día que pasa a la sociedad madrileña le importan menos las cañas y más los muertos”, afirma Morales.

EL PAÍS también ha obtenido acceso a las actas de las inspecciones de los bomberos tras una solicitud amparada por la Ley de Transparencia pero, más de un mes después de recibir la notificación de esa resolución positiva, el departamento encargado sigue sin dar cita para consultarlos con el argumento de que necesitaba anonimizarlos.

Estas actas se suman a numerosos testimonios previos del caos y del desamparo que sufrieron las residencias madrileñas hace cuatro años, entre ellos las actas de la Policía Municipal de Madrid o el relato en la Asamblea de Madrid y en prensa de sanitarios, directores de residencias o empresarios. Los bomberos tuvieron que encargarse de recoger 157 cadáveres en las residencias a lo largo de 2020, primer año de la pandemia, según refleja la memoria de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 de ese año.

Para ello, recibieron una formación exhaustiva sobre cómo tratar esos cuerpos invadidos por el virus: debían actuar “con el mayor respeto al fallecido”, introducirlo “en un doble sudario que garantice su manipulación de forma segura hasta introducirlo en el féretro”, y asegurar el ataúd con dos clavos y cinta americana, tras múltiples rociados de soluciones desinfectantes durante todos los trabajos, según detalla el procedimiento de actuación.

Nada, sin embargo, preparó a los bomberos para lo que presenciaron cuando visitaron los centros sanitarios entre el 1 de abril y el 21 de mayo de 2020. Aquellos eran los peores días de la pandemia. Las funerarias habían colapsado (“se ha avisado a la funeraria Santa Lucía, pero no les dan fecha de recogida del cadáver”, se detalla en un acta) y los bomberos empezaron a hacer su labor acudiendo allí donde el virus había golpeado más fuerte: las residencias, donde se concentraban las personas más débiles frente al ataque de la covid. Este es el relato de su experiencia a través de las actas que ellos mismos firmaron.

Nada más empezar, el 3 de abril, llegan a una residencia en la que se encuentran “siete fallecidos sin recoger más de 48 horas, no tienen espacio y les meten en la capilla. Tres de ellos varios días. El personal de refuerzo no tiene formación adecuada”. Es un escenario dantesco, pero no excepcional. Apenas dos días después, el 5 de abril, los bomberos escriben esto en otra acta: “Tienen cuatro cadáveres y algunos con 80 horas fallecidos”.

Pasa algo parecido en otro centro. “Tres fallecidos sin recoger, uno lleva en la residencia 72 horas sin que nadie lo recoja”, se resume la visita. “Los otros dos menos de 24 horas”, se precisa. Y se apunta: “No hay médico a día de hoy. No hay sectorización de enfermos. Necesitan más oxigenoterapia para tratar los posibles covid”.

Lo mismo ocurre en otra residencia: “Dos fallecidos pendientes de recogida por funeraria. Unos hace tres días y otro hace un día”.

Y en una más: “Hay un fallecido hace más de 36 horas pendiente de recoger. El centro no tiene tanatorio y se encuentra en una habitación sin refrigeración”.

Y en otra: “Cinco fallecidos pendientes de retirada, uno de ellos superadas las 36 horas desde el fallecimiento”.

La muerte ha entrado con el virus en las residencias. Los bomberos describen casos excepcionales de centros bien compartimentados, e incluso medicalizados. Pero son mayoría las actas que retratan una realidad terrorífica, en la que el personal está desbordado, faltan trabajadores que han causado baja por enfermedad, los residentes sanos y contagiados viven mezclados, o hay una alarmante falta de material de protección. Como han denunciado organizaciones como Amnistía Internacional o Médicos sin Fronteras, la supuesta medicalización prometida por la Consejería de Sanidad madrileña no se produjo. Las residencias no eran un lugar adecuado para tratar a un enfermo de covid. De acuerdo con la estimación de la comisión ciudadana por la verdad en las residencias, de haber sido hospitalizadas, se hubieran podido salvar 4.000 vidas.

“[El] personal NO está formado y NO aplica las medidas de protección”, recoge un acta, así, en mayúsculas para trasladar la desesperación de quien apunta en el caso de varias residencias. “Hay siete personas aisladas durante el día, pero a la hora de dormir se mezclan en habitaciones de dos”, describe el despropósito de la organización de la primera. “Hay posibilidad de compartimentar las habitaciones, pero no está realizado”.

“Persona que les atiende se siente agobiada por tener que informarles”, se resume lo ocurrido en una de las visitas. “Numeroso personal en los que observo que la gran mayoría no son conscientes de la responsabilidad de las tareas que realizan y, además, muchos de ellos llevan muy poco tiempo cubriendo las numerosas bajas existentes”, se añade.

Así, en otro centro, los bomberos subrayan: “Existencia de una falsa creencia de estar aplicando los criterios de PCI [protección y control de infecciones] correctamente por parte de la gerencia, lo que supone un riesgo añadido”. De otro, escriben: “Concienciación de uso adecuado y generalizado de EPIs. Se observa relajamiento en su aplicación. Hincapié en la necesidad estricta de diferenciación entre el circuito de limpio y de sucio”. Y de un tercero, se apunta: “Ligera dejadez del personal a la hora de equiparse correctamente”.

“¡Necesitan ayuda para discernir si tienen positivos!”

Mientras el virus pasa de anciano en anciano, el sistema parece colapsar entre llamadas de auxilio que no se atienden, cambios de organización que no funcionan, o no se aplican, y test que no ayudan a discernir dónde está el peligro. “Los residentes asintomáticos después de un test rápido y después de unos días confinados han vuelto a utilizar las zonas comunes y a la normalidad que establecieran a primeros de marzo”, fotografían los bomberos lo que se encuentran al visitar otra residencia. “¡Necesitan ayuda para discernir si tienen positivos!”.

De otro centro se hace un retrato terrorífico: “Una persona se mueve libremente, tiene discapacidad psíquica y es muy agresiva, pasando de zona sucia a limpia. Eso no es admisible y se le pide que la geriatra tome medidas legales para limitar los movimientos de esa persona”.

Al trasladarse a una residencia el 13 de abril, los profesionales detectan “falta de EPIs y material fungible básico: sueros, vías, falta de balas de oxígenos, necesidad de vestimenta. Mascarillas FPP2 no tienen y las están reutilizando”. Y alertan: “Trasiego continuo de una zona a otra sin descontaminarse”.

Otra acta recoge lo siguiente: “No tienen material, se lo han fabricado ellos mismos. No mascarillas adecuadas, solo algunas quirúrgicas. No enfermera”.

“Casi todo el personal presenta síntomas” de contagio, alertan en otro escrito. En una visita del 11 de abril, se describe a una directora desbordada, que “necesita ayuda para elaborar e instaurar las acciones preventivas y mitigadoras de la expansión del covid”. El juicio que se emite sobre otro director es mucho más duro: “La situación de la residencia es propicia para la implantación de los criterios de manera efectiva, pero la falta de predisposición del director hace imposible aplicar las medidas propuestas”.

Los bomberos pueden hacer todo ese trabajo habilitados por una resolución gubernamental del 26 de marzo de 2020. En ella se reconocía que se había “producido un extraordinario incremento en el número de fallecidos de la Comunidad de Madrid”, y que por ello se habilitaba “excepcional y temporalmente” a las fuerzas armadas, bomberos y policía al traslado de cadáveres. Los bomberos, sin embargo, hicieron mucho más que eso: dejaron constancia por escrito del caos reinante en las residencias durante lo peor de la pandemia.

https://elpais.com/espana/madrid/2024-05-17/asi-vivieron-los-bomberos-el-caos-de-las-residencias-de-madrid-en-la-pandemia-tienen-cuatro-cadaveres-algunos-80-horas-fallecidos.html

7.291 muertes. Cuantas pudieron evitarse?

13 estudios científicos desmienten a Ayuso: se salvaron entre el 37% y el 72% de los mayores de residencias hospitalizados con covid

La presidenta madrileña insiste ahora en la idea de que un residente enfermo estaba condenado a morir por el virus, en contra de los estudios que se hicieron en Madrid y en otras comunidades

FERNANDO PEINADO. - 21 FEB 2024

Estaba destinada a morir una persona mayor si se contagiaba de covid durante la pandemia? La idea proviene de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, y la puede desmentir fácilmente cualquiera que conozca algún caso cercano de persona superviviente con 80, 90 o incluso más de 100 años. Pero Ayuso airea esa excusa para defender su política de exclusión de asistencia hospitalaria a las residencias de mayores durante la primera ola de la pandemia. En su contra juegan 13 estudios científicos en Madrid y otras comunidades: entre el 37% y el 72% de los mayores de residencias enfermos de covid que fueron a un hospital acabaron recuperándose. En las madrileñas murieron 5.794 personas con covid en marzo y abril de 2020.

Ayuso ha retornado al tema en los últimos días, en medio de críticas por sus intentos de bloquear el acceso a las actas que redactaron los policías en sus visitas a las residencias. Este lunes, la presidenta defendió en un desayuno informativo que “el traslado al hospital no garantizaba la supervivencia, como demuestran las cifras”. Ayuso no precisó cuáles eran esos datos y la Consejería de Sanidad no ha contestado a una pregunta de este periódico sobre cuál es la fuente de la presidenta. El jueves, Ayuso hizo otra declaración semejante en la Asamblea de Madrid: “Cuando una persona mayor estaba gravemente enferma con el covid, no se salvaba en ningún sitio”.

El efecto de la edad en los pacientes de covid es bien conocido: cuanto mayor es la persona, menores son sus posibilidades de sobrevivir. Pero eso no supone una muerte segura tras contraer la enfermedad, como afirma la presidenta. Las estimaciones sobre la letalidad de la primera ola indican que sobrevivía al virus aproximadamente un 90% de los enfermos de entre 80 y 84 años; un 80% de los que tenían entre 85 y 89 años; y un 56% de los que tenían más de 90 años.

Pero aún se puede ser más preciso, porque se conocen datos sobre mayores enfermos de covid que vivían en residencias durante la primera ola y fueron hospitalizados. En España, 13 investigaciones científicas sobre la supervivencia de este colectivo fueron incluidas en una revisión sistemática publicada el año pasado por la revista internacional Epidemiología y liderada por la epidemióloga María Victoria Zunzunegui, profesora jubilada de Salud Pública en la Universidad de Montreal (Canadá).

Dos estudios examinados por Zunzunegui pertenecen a hospitales públicos de la región madrileña. Trataron a enfermos de residencias que sí superaron el triaje de los protocolos, pero los datos de estos hospitales muestran que dejaron fuera a un alto número de enfermos que fallecieron en las residencias de su área.

El primer estudio analizó la mortalidad de 419 pacientes enfermos que en marzo y abril de 2020 vivían en 31 residencias en el área del hospital Ramón y Cajal, en el norte de Madrid. De esos, 130 fueron hospitalizados y sobrevivieron 94 (el 72,3%), según la investigación liderada por Lorena García-Cabrera, especialista en cuidados paliativos del Ramón y Cajal.

El segundo evaluó la mortalidad de 430 mayores contagiados entre marzo y junio en residencias del área del hospital Infanta Sofía, en San Sebastián de los Reyes. De esos, 292 fueron ingresados y sobrevivieron 168 (el 57,5%), de acuerdo con el estudio comandado por el jefe de geriatría de ese hospital, Rafael Bielza.

Las otras investigaciones revisadas por Zunzunegui muestran la supervivencia en distintas áreas geográficas (por ejemplo, una sola residencia de Granada o ciudades como Sant Cugat del Vallés, en Barcelona). Los que comprenden toda una comunidad autónoma han analizado el caso de Navarra (donde se salvó el 63,9% de los hospitalizados), Andalucía (54,3%), País Vasco (49,6%) y Galicia (37,3%).

En conversación con EL PAÍS, Zunzunegui califica de “falsedad grandísima” las afirmaciones de Ayuso: “Es un horror porque no solo es que se pudo haber evitado que murieran mal, sino que no tenían que haber muerto”, dice la investigadora, que realizó su trabajo junto con François Béland, del Instituto de Salud Carlos III, y Fernando García López, del Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas.

Un análisis reciente del medio InfoLibre muestra un resultado que encaja con lo que revelan las investigaciones compiladas por esta autora. Según ese análisis, de datos del Gobierno madrileño obtenidos a través de una solicitud de acceso a la información, en marzo y abril de 2020, ingresaron en alguno de los hospitales públicos de la región 6.308 residentes y sobrevivieron 4.129 (el 65%).

El presidente de la Sociedad Española de Geriatría, José Augusto García Navarro, también rechaza tajantemente la tesis de la presidenta: “Es falso”, asegura a este periódico. “No es cierto que te salvaras sin más si ibas al hospital, pero tampoco es cierto que diera igual”.

Tampoco es cierto que diera igual una forma de morir u otra. El personal de las residencias o los sanitarios de la Operación Bicho han narrado el horror que presenciaron en esos centros desasistidos, donde faltaban personal y recursos médicos: cadáveres sin recoger, enfermos asfixiándose sin sedación o residentes que se negaban a comer o beber. Si el desenlace iba a ser fatal, el hospital hubiera supuesto una muerte más digna.

Derivaciones a hospitales privados

Casi cuatro años después, los hechos aún está siendo investigado por múltiples juzgados de instrucción de Madrid, y la oposición de izquierdas a Ayuso sigue reclamando que la presidenta rinda cuentas. Amnistía Internacional ha calificado lo sucedido como “uno de los capítulos más trágicos de la historia reciente de nuestro país”, donde “ha habido vulneraciones de derechos humanos que deben ser reparadas”.

En su defensa, Ayuso ha incurrido en numerosas contradicciones. Ha culpado al Gobierno central (que no tenía competencias), pero también al virus. Esta idea suya de una muerte irremediable sugiere que las decisiones de los políticos eran irrelevantes, como dijo expresamente en junio de 2020: “Lo que se ha vivido ha sido un infierno, una guerra sobrevenida de la que no tenemos la culpa nosotros como gobernantes autonómicos”.

El alto cargo madrileño que se rebeló contra el abandono de las residencias, Alberto Reyero, desmiente esa tesis de unos gobernantes superados por los acontecimientos. Insiste en todas las alternativas que el Gobierno de Ayuso descartó para salvar esas vidas, como la medicalización de las residencias, el traslado de los mayores de residencias al hospital de campaña de Ifema o a las camas libres en los hospitales privados.

A esto, Reyero añade otro elemento revelado por EL PAÍS que vierte más sal en la herida: “Luego está el contrasentido y la injusticia de que sí se derivaba a las personas con seguro privado”, recuerda. “Si se iban a morir de igual modo, ¿por qué sí los enviaban a los hospitales privados?”.

Como han hecho otros analistas, Reyero expresa su disgusto por la “frivolidad” y “chulería” que percibe en las últimas declaraciones de Ayuso. Y le pregunta a su antigua jefa: “¿Diría lo mismo si los afectados hubieran sido sus padres?”.


https://elpais.com/espana/madrid/2024-02-21/13-estudios-cientificos-desmienten-a-ayuso-se-salvaron-entre-el-37-y-el-72-de-mayores-de-residencias-hospitalizados-con-covid.html

7.291 muertes hubo en marzo y abril 2020

 El PP bloquea en dos meses cuatro iniciativas relacionadas con el movimiento 7.291. FERNANDO PEINADO - 23 may 2024 –

El partido conservador paraliza con una denuncia a la Junta Electoral un acto en Alcorcón de la comisión por la verdad en las residencias, el último ejemplo de una guerra contra los defensores de esta causa

El PP no quiere que se hable de la tragedia de hace cuatro años en las residencias madrileñas. Este asunto incómodo para la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, iba a ser tratado este miércoles a las 19.00 en un acto de dos organizaciones de familiares de víctimas en un centro cívico del Ayuntamiento de Alcorcón, regido por la socialista Candelaria Testa, pero la Junta Electoral de Zona (JEZ) de Madrid lo vetó tras recibir horas antes una denuncia del PP contra la alcaldesa. El escrito del partido conservador alega que este acto vulnera las prohibiciones previas a los comicios europeos del 9 de junio al tener un contenido de campaña. Sin embargo, el cartel no tiene símbolo de ningún partido político y los cuatro participantes anunciados son un jurista, una epidemióloga y dos miembros de asociaciones de familiares. El PSOE de Alcorcón había publicado el lunes un tuit en el que anunciaba el evento, una promoción que el PP ha destacado en su denuncia.

Se trata del cuarto bloqueo del PP en poco más de dos meses a iniciativas en Madrid relacionadas con la gestión del Gobierno de Ayuso durante marzo y abril de 2020, cuando murieron 7.291 mayores en las residencias. El primer ejemplo es del 16 de marzo de este año, cuando el Ayuntamiento de la capital retiró un permiso que había concedido para celebrar una charla llamada Residencias, así se dejó morir a nuestros mayores en la que iban a participar el periodista Manuel Rico y dos representantes de asociaciones de familias.

El segundo caso ocurrió el viernes 10 de mayo, cuando Más Madrid tuvo que retirar dos lonas con la cifra 7.291 tras un recurso del PP a la JEZ de Madrid que confirmó la Junta Electoral Provincial. Este lunes, se dio un nuevo bloqueo cuando la comisión de Familia y Asuntos Sociales de la Asamblea de Madrid, controlada por el PP, vetó a la científica María Victoria Zunzunegui, que había sido invitada por Más Madrid a hablar de residencias, por entender que esta experta en epidemiología también iba a hablar sobre los sucesos de hace cuatro años. Y el cuarto acto paralizado ha sido el de Alcorcón de este miércoles.

A pesar de la cancelación, unas 40 personas permanecían en el exterior del centro cívico este miércoles a la hora del evento. Los asistentes improvisaron una protesta que lideró José Ángel Chamorro, secretario de atención a la Dependencia del PSOE de Madrid y vecino de Alcorcón. Chamorro tomó la palabra para denunciar la “censura” del Gobierno de Ayuso. “Es muy grave lo que está pasando en esta Comunidad con la libertad de expresión”, les dijo. “Algo tienen que ocultar”.

Chamorro dio paso a las dos ponentes de las asociaciones de familias, que intervinieron durante unos 10 minutos ante unos asistentes que las escucharon de pie. “Este Gobierno que tenemos no hizo nada teniendo medios a su alcance”, dijo Carmen Martín, miembro de Verdad y Justicia. “Podían haber medicalizado las residencias, podían haberlos llevado al hospital milagro, a los hoteles medicalizados, a hospitales privados, pero nada de esto se utilizó. Simplemente, se los dejó morir”.

Carmen Martín, miembro de la asociación Verdad y Justicia, habla en el exterior del centro cívico Los Pinos de Alcorcón, este miércoles por la tarde.

Martín explicó a este periódico que el evento de Alcorcón era parte de una gira que iniciaron el 15 de marzo para promover el informe de la comisión ciudadana por la verdad en las residencias, formada por un grupo de siete reconocidos expertos que, a petición de las asociaciones, indagaron lo sucedido durante casi un año. Esa promoción comenzó con un acto en el Ateneo de Madrid y fue seguida por el evento cancelado de Villaverde y otros en Getafe y Parla. Tienen programadas nuevas citas en Torrelodones el 1 de junio, Ciempozuelos el 13 de junio y Colmenar Viejo el 26 de junio. “Nos están censurando todo, pero vamos a ir a todos los municipios que nos lo permitan”, decía la miembro de esa plataforma.

El cartel del evento de Alcorcón se titula Presentación del informe de la comisión por la verdad en las residencias de Madrid y lleva los logotipos del Ayuntamiento de Alcorcón y de las asociaciones Marea de Residencias y Verdad y Justicia. Incluye una foto de una pareja de personas mayores en actitud cariñosa, la hora y lugar ―19.00 en el Centro Cívico Los Pinos― y los nombres de los cuatro intervinientes: dos son miembros de ese órgano ciudadano ―la epidemióloga Zunzunegui y el abogado Fernando Ranz― y dos son portavoces de dos asociaciones de familias ―Carmen López, de Marea de Residencias, y Carmen Martín, de Verdad y Justicia―.

El PP presentó su denuncia este miércoles a las 8.30 firmada por Jerónimo Escalera, gerente de la Empresa Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid. El escrito cita el artículo 50.2 de la ley de Régimen Electoral (Loreg), que prohíbe desde la convocatoria de elecciones, que se produjo el 16 de abril, “cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos, que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utiliza imágenes coincidentes o similares a las utilizadas en sus propias campañas por algunas de las entidades públicas concurrentes a las elecciones”.

La denuncia menciona que el acto usa instalaciones públicas para “menoscabar la imagen de un adversario político” y añade que se ha publicitado desde la cuenta en la red X (antes Twitter) del PSOE de Alcorcón. Ese tuit dice: “¿Qué ocurrió en las residencias de mayores durante la pandemia? No olvidaremos a los 7.291 fallecidos, por el protocolo de la vergüenza”.

El escrito asegura que esa publicación busca “dar publicidad al partido que representa y los partidos con los que gobierna (PSOE Alcorcón, Más Madrid Alcorcón y Sumar) en un momento en el que cualquier campaña, acto o manifestación contra la Comunidad de Madrid y más concretamente contra su presidenta Doña Isabel Díaz Ayuso, entra de lleno en las prohibiciones establecidas a las Administraciones públicas en campaña electoral”. Por estos hechos, el PP pide una sanción para la alcaldesa Testa por ilícito electoral.

Una portavoz de la alcaldesa explicó a EL PAÍS que han decidido no recurrir y aplazar el evento para no tener a los participantes a la espera de confirmación. Sin embargo, sí han presentado a la JZE unas alegaciones en las que resaltan que ni el Ayuntamiento ni ningún partido forman parte de la comisión ciudadana por la verdad.

“El Partido Popular ha efectuado una interpretación del acto de presentación ignorando su verdadero fin, pervirtiéndolo al entender que se corresponde con una vulneración de las normas de la Loreg”, dice su escrito de alegaciones, “el Gobierno municipal va a proceder con carácter inmediato a la suspensión del mismo por considerar que esta actitud acosadora del Partido Popular, que busca ocultar responsabilidades sobre sucesos que causaron gran dolor en la ciudad, va a provocar tensiones innecesarias en las familias afectadas, trasladándose el acto a fecha posterior garantizando así la seguridad jurídica de la actividad municipal”.

Podcast sobre el abandono en las residencias de Madrid

Cuatro años después, los eventos de 2020 siguen ocupando un lugar preferente en la tensa batalla política madrileña. En los tribunales, las familias no han logrado éxitos, pero esperan tener más suerte con decenas de recursos de amparo presentados al Tribunal Constitucional. En la calle, el movimiento ha logrado más visibilidad, gracias a convertir el número 7.291 en un símbolo. Esa cifra proviene de datos oficiales que publicó el diario digital InfoLibre. Se refiere a las personas mayores que murieron dentro de una residencia en marzo y abril de 2020 por cualquier causa.

Ayuso, que nunca se ha reunido con las asociaciones de familias, tuvo que aceptar la creación en julio de 2020 de una comisión de investigación en la Asamblea sobre los sucesos. Entonces gobernaba con la necesidad del apoyo de Ciudadanos y Vox pero, tras salir reforzada en las elecciones de 2021, impidió que ese grupo reanudara su trabajo. Desde junio de ese año, el PP de Ayuso se ha opuesto en ocho ocasiones a que se investigue en la Asamblea el drama de las residencias durante la pandemia o a que se debata sobre cómo mejorar el funcionamiento de estos hogares colectivos.

https://elpais.com/espana/madrid/2024-05-23/el-pp-bloquea-en-dos-meses-cuatro-iniciativas-relacionadas-con-el-movimiento-7291.html

7.291 muertos en las residencias de Madrid

El PP de Ayuso veta a expertos que defienden que 4.000 ancianos pudieron haberse salvado en la crisis de las residencias

Los conservadores rechazan que acudan a la Asamblea miembros de la comisión de la verdad que no están convocados por ese motivo

JUAN JOSÉ MATEO. 20-05-2024

El PP de Isabel Díaz Ayuso avanza que hará valer su mayoría absoluta para impedir que en la Asamblea se escuche a los integrantes de la comisión ciudadana que concluyó en marzo que se podrían haber evitado hasta 4.000 muertes de ancianos en las residencias durante lo peor de la pandemia. Incluso cuando no estén convocados por ese motivo. Este lunes se ha producido un ejemplo, cuando la Mesa de la comisión de Familia y Asuntos Sociales, dominada por los conservadores, ha rechazado que intervenga en el Parlamento María Victoria Zunzunegui, convocada por Más Madrid como experta en epidemiología y geriatría. Para Emilia Sánchez, diputada del partido que lidera la oposición, se trata de un caso inédito de “censura preventiva”, ya que “se la veta por si acaso” habla del informe sobre las residencias. El PSOE teme que se esté usando “un sesgo ideológico” de manera “adivinatoria”. Y el PP, por su parte, simplemente da por hecho que se hablaría del informe de la comisión de la verdad, y contrapone que aplica el reglamento frente a un organismo no reconocido que fiscaliza a un gobierno que, a su juicio, ya no existe, pues es de una legislatura anterior.

La Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de Madrid, conformada por familiares, juristas y expertos sanitarios, hizo público en marzo un informe sobre la muerte de 7.291 mayores en las residencias durante la pandemia. Las conclusiones más relevantes del documento, basado en cientos de testimonios de afectados, familiares, y peritos, apuntaron a una actuación “inadecuada” del Gobierno regional por restringir el número de derivaciones a hospitales durante lo peor de la pandemia. Durante la crisis sanitaria, la Comunidad argumentó que se habían medicalizado las residencias para garantizar el tratamiento de los ancianos sin necesidad de traslado, pero el informe sostiene que los centros no estaban preparados para esa tarea, ni en material ni en personal. Y deja esta conclusión: “Más de 4.000 personas pudieron haber salvado su vida”.

Aunque el Ejecutivo regional nunca ha reconocido a este organismo, formado por iniciativa popular y sin respaldo institucional, Más Madrid sí ha estado en contacto con sus expertos. Y por eso quiere convocar a algunos, como Zunzunegui, aunque el objeto de sus convocatorias no mencione específicamente a la comisión de la verdad en las residencias. Una omisión que el PP entiende como un subterfugio, ya que da por hecho que intervenciones como esta acabarían por mencionar el informe.

“¡Atención, censura!”, ha denunciado este lunes en sus redes sociales la diputada Sánchez, que luego ha detallado todo lo ocurrido a este diario en conversación telefónica. “El Presidente de la comisión de políticas sociales [del PP] pretende vetar a una experta por si habla de otros temas que no le gustan”, ha seguido sobre un órgano que vive de polémica en polémica, pues los conservadores ya intentaron acallar una referencia de una compareciente a los 7.291 fallecidos (”si no puedo hablar, me voy”, dijo) o afearon a una representante de Amnistía Internacional que denunciara que había habido “violaciones de derechos humanos” en las residencias. Y ha recriminado: “Esto lo hace preventivamente. Más Madrid ni siquiera había solicitado aún la activación de esa comparecencia para la próxima comisión”.

La indignación de Más Madrid es compartida por el PSOE. “Esto es alucinante”, ha lamentado un diputado con muchos trienios a sus espaldas. “El presidente [de la comisión] de manera preventiva y adivinatoria anuncia que aunque la Mesa de la Asamblea autorice las comparecencias, ellos las rechazarán por entender que la intención [de las intervenciones] es distinta del objeto de la convocatoria”, ha abundado en referencia a que la Mesa del Parlamento dio el visto bueno a la misma comparecencia que ahora rechaza la comisión. “¡Juzgan intenciones!”, ha exclamado. Y ha ironizado: “¡Ni Aramis Fuster!”

Esto es lo que tiene que decir el grupo parlamentario popular, que dirige el portavoz Carlos Díaz-Pache, al respecto.

“La Mesa de la Comisión de Familia y Asuntos Sociales ha señalado este lunes, de acuerdo a sus competencias, que evitará el fraude en las comparecencias que pretende la izquierda, que solicita citar a miembros de la mal llamada Comisión de la verdad de las residencias para hablar de su informe, cuando es una entidad no reconocida y un informe que intenta fiscalizar la acción de una legislatura anterior”, han argumentado en el PP. “El reglamento de la Asamblea es claro”, han sostenido. “Las comparecencias se sustancian si hay acuerdo de la comisión, y no es el caso, y las entidades externas comparecen a efectos exclusivos de informe y asesoramiento (artículo 211)”.

Son argumentos que no sorprenden en la izquierda. Para llegar a este punto, la oposición de la Asamblea ya tuvo que sortear la oposición del PP en la Mesa de la Cámara, donde el presidente del Parlamento, Enrique Ossorio, se mostró taxativo.

“El Excmo. Sr. Presidente considera que, atendiendo a los antecedentes sobre solicitud de comparecencia de esta persona, no se debe admitir esta iniciativa porque es la tercera vez que se plantea esta citación”, se lee en el acta de la reunión del 12 de abril. “En esas solicitudes se ha ido cambiando la justificación de la naturaleza de experta de la persona que se desea que comparezca”, se argumenta. “Parece una especie de fraude porque lo que se busca desde el inicio es lo mismo: que comparezca para hablar sobre un informe en el que se ha significado notablemente, pero que no acredita que el mismo confiera el carácter de experto que debe concurrir en quien comparecen la Asamblea de Madrid en ese concepto”.

Esa argumentación provoca un escándalo inmediato. Diego Cruz, del PSOE, protesta en su calidad de vicepresidente tercero: “No se puede admitir que se introduzca a partir de ahora el sesgo ideológico del compareciente para calificar estas iniciativas”.

De aplicarse siempre el criterio expuesto por Ossorio, expone el representante del Vox en el órgano, José Ignacio Arias, “impediría admitir la mayoría de las iniciativas”.

Y Esther Rodríguez, diputada de Más Madrid y vicepresidenta segunda, alerta: “No se puede cuestionar toda una carrera profesional porque haya firmado un informe que se considera poco objetivo”.

Tras conocer un informe de los servicios de la Cámara que avalaba la procedencia de citar a la experta, el PP pareció dar su visto bueno, y permitió tramitar la iniciativa en la Mesa del Parlamento. Lo que aparentó ser una victoria de la oposición, sin embargo, fue en realidad un aplazamiento de su derrota en aplicación de la mayoría absoluta del PP.

Así, este lunes, el veto a Zunzunegui se ha mantenido y ampliado en la mesa de la comisión donde debería sustanciarse el testimonio: ninguno de los integrantes de la comisión pasará por la Asamblea mientras el PP tenga mayoría absoluta. Una decisión que se sostiene sobre dos patas. La primera, que la comisión no es reconocida por el gobierno. Y la segunda, que su informe se refiere a un asunto que se produjo en una legislatura distinta a la actual.

Ese argumento, que pretende distinguir las responsabilidades del Gobierno que Díaz Ayuso presidió entre 2019 y 2021 de las del gobierno que preside Díaz Ayuso desde 2023, ya ha sido objeto de controversia. Así, Más Madrid recurrió en 2022 ante el Tribunal Constitucional, al considerar que se estaba imposibilitando la labor de oposición de sus diputados: al aplicarse, sostiene la oposición, no se puede fiscalizar nada de la gestión de la pandemia en la Asamblea regional.



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